Les invito a unirse a dos nuevos colectivos de trabajo

Hace meses no escribo en el blog. Han pasado demasiadas cosas, desde fundar mi empresa (http://innbeat.com) hasta colaborar con dos nuevos colectivos en los que estoy poniendo mis esfuerzos de voluntariado.

Como necesitamos manos y si me espero a escribir algo poético al respecto jamás lo haré, les invito de una vez a participar en el que quieran o en ambos:

1. La Red Ciudadana por un Gobierno Abierto se fundó en el mes de Junio de este año, después de que la Secretaría de Gobierno Digital nos invitara a una segunda presentación del Plan de Acción que el gobierno impulsa como compromiso con la Open Government Partnership. Desde junio, hemos invertido el tiempo en crear un protocolo de participación (para tratar de asegurarnos de que esta vez, el colectivo no se convierta en un sombrero que nos ponemos de vez en cuando sin que haya impacto alguno) y en definir algunas tareas. El sitio no lo hemos hecho, así que si se asoman no verán nada aún (http://porungobiernoabierto.org) y lo que sigue es convocar abiertamente a quienes quieran unirse a este esfuerzo para que podamos ampliar los ámbitos de acción. Espero -aunque no hemos podido definir eso aún- que en el mes de noviembre podamos hacer un evento abierto para que asista toda la gente interesada en integrarse a la RedC. Ahora somos 8 organizaciones pero también pueden participar personas a título individual. Encontrarán una presentación para descarga más abajo en este post donde se describe mejor en qué estamos y quiénes somos.

2. Colectivo Costarricense por los Derechos Digitales: se trata de un grupo de personas que estamos interesadas en promover la libertad de expresión en Internet, divulgar iniciativas que aseguren nuestra privacidad o permitan autodeterminación en el manejo de los datos personales, entre otros aspectos. El sitio lo encuentran en http://derechosdigitalescr.org, donde encontrarán más información sobre quiénes lo integramos en la actualidad y cuáles temas nos interesa. Necesitamos gente de leyes, de comunicación, de cualquier campo que tenga relación con la tecnología, las libertades y derechos, las relaciones sociales mediadas por la Internet, así que ojalá les interese contribuir.

 

La propiedad intelectual en el caso de la artesanía en Costa Rica

En Costa Rica, como en el resto del mundo, el sector artesano está siendo seriamente afectado por la importación de artículos de bajo costo que compiten con sus creaciones. Estos objetos en la mayoría de los casos no pueden ser considerados como imitaciones pero por ser vendidos a precios menores que los elaborados a mano en el país, muchas veces son preferidos por los turistas.

El caso más connotado es el de la Asociación de Artesanos Pura Vida en contra de Café Britt. Lo recordé el año pasado cuando entré a una de las tiendas Britt del Aeropuerto Juan Santamaría y escuché a una pareja de turistas conversar con tono molesto, acerca de los bajos precios de los artículos en contraste con los que habían comprado “afuera”. “Debe ser que esta es una tienda subsidida por el gobierno”, alcancé a escuchar. Y claro, tuve que meterme en la conversación para decirles que por favor leyeran la etiqueta de lo que estaban viendo y revisaran dónde estaba hecho. Me respondieron sorprendidos y hasta me regañaron: “¿Cómo ustedes permiten que esto suceda?”. No tuve respuesta pero decidí realizar esta pequeña investigación que hoy pongo a disposición de ustedes.

Se relata en este trabajo el caso de esa Asociación en contra de Britt, para fundamentar si existe propiedad intelectual irrespetada en los hechos que se han denunciado. Por si no quieren leer, la respuesta corta es: no, no existen bases para demandar. Pero ojalá lean, porque a partir de ese caso, menciono brevemente una posibilidad de creación de una marca colectiva para algunos artículos de artesanía y diseño local en el país.

Se presenta además, una selección de mecanismos de regulación de la propiedad intelectual que se pueden aplicar a la artesanía. Se han seleccionado de acuerdo con un trabajo realizado por Koziner para el caso de la artesanía boliviana, en el cual esa autora se inclina por  las denominaciones de origen y marcas colectivas, como los más viables. De ahí que el diseño industrial (figura que podría utilizarse también para artesanías) no se profundice; algo que se fundamenta también en que el enfoque de este trabajo se dirige hacia la promoción de una alternativa colectiva, más que una protección individual de diseños.

Considero que las marcas colectivas y denominaciones de origen son alternativas válidas para evitar la apropiación con fines meramente comerciales, de las creaciones culturales y expresiones de las comunidades. Esto requiere de procesos colectivos bien realizados y de una cohesión social importante, pero también, de abandonar el discurso fácil sobre la propiedad intelectual como un demonio por erradicar. La cultura libre no se sostiene permitiendo que otros se apropien de lo que queremos compartir, sino protegiendo de la apropiación indebida y permitiendo que todos tengamos acceso a los bienes culturales. En medio de eso, los artistas deben recibir remuneración por su trabajo y por eso, considero que esas dos figuras son buenas opciones para empezar a cambiar nuestro abordaje en algunos casos.

 

 

¿Por qué no apoyo la reforma de “Fotocopiar para Estudiar”?

Para mucha gente ha sido una sorpresa, mi negativa a apoyar la reforma a la Ley de Derechos de Autor que pretende otorgar a los estudiantes, el derecho a sacar fotocopias de materiales que necesitan para estudiar. ¿Cómo, una defensora del conocimiento abierto, puede oponerse a algo así? La respuesta simple es: porque ese derecho ya existe y constituye una de las excepciones al derecho de autor que nuestra ley contempla. La respuesta complicada es: porque el conocimiento abierto, el software libre y la cultura libre dependen de que se respeten los derechos de autor. También, porque esta reforma de visión cortoplacista desperdicia la oportunidad de enmendar a profundidad las leyes nacionales sobre estos temas.

Sobre la respuesta simple: aunque la redacción sea confusa y desactualizada, nuestra ley de derechos de autor contempla la reproducción con fines académicos sin fines de lucro como una excepción, lo cual quiere decir, que es permitida bajo ciertas condiciones: 1. Debe ser sin fines de lucro; 2. No debe dañar el normal comercio de la obra (es decir, no puede clonarse ni copiarse un libro completo porque eso afecta los intereses de la editorial y del autor de la obra); 3. Debe indicar los créditos y otros datos de la obra (¿Quién no ha recibido una antología mal hecha que imposibilita saber quién es el autor del  capítulo? ¿Eso beneficia al autor? ¿Le respeta?).

Entonces ¿Por qué tanto alboroto?

1. La culpa es de las editoriales

Las casas editoriales se han dedicado a desinformar a la población y a perseguir a los negocios de fotocopias. Esto ha generado el malentendido de que se persigue a los estudiantes y aunque el efecto práctico lo parezca, es diferente. Pero ojo, que esta desinformación no es solo responsabilidad de las editoriales. ¿Qué mejor campaña de desinformación que la que estamos viendo en los medios? ¿Qué mejor manera de hacerle el favor “a enemigo” que decirle a la gente que sin esta reforma no tienen derecho a fotocopiar?

2. La culpa es de las editoriales y de la complacencia del aparato estatal

El precio de los libros en Costa Rica es absurdamente alto y el libro es un artículo de lujo que pocos podemos pagar. ¿Se ha hecho algo para mejorar esta situación? Nada. ¿Ha obligado la reforma actual a las editoriales a sentarse a la mesa de negociación? No. ¿Dónde están las editoriales, causantes de todo este embrollo? Ni idea. Calladitas y felices con la campaña gratuita de desinformación.

La complacencia del aparato estatal no termina con el precio de los libros, también pasa por haber permitido la persecución a los fotocopiadores sin intervenir para aclarar los malentendidos.

3. La culpa es del sistema legal que no se adapta a las nuevas realidades

Hasta antes de la aparición de la fotocopiadora y posteriormente, del formato digital, todas las personas dependíamos de las editoriales, casas disqueras y distribuidoras de productos culturales. Actualmente, muchos de nosotros podemos tener una imprenta en casa (llámese procesador de textos + impresora) o de plano, ni la necesitamos (leer en la pantalla, compartir un PDF, MP3, etcétera). Es cierto que el acceso a un equipo de cómputo no es la norma pero es claro que la tendencia hacia el formato digital no se va a detener. El debate de fondo entonces es, cómo diferenciar qué constituye un delito penal y qué no.

El problema que “resuelve” la reforma actual: fotocopiar con fines académicos es legal, pero cobrar por las fotocopias no lo es

Al incluir una ganancia, la actividad con fines académicos por parte del estudiante (a quien nadie puede perseguir por ese hecho) convierte esa actividad en una con fines de lucro por parte de la empresa de copiado. Es decir, el tema aquí es ¿cuántos estudiantes tienen acceso a una fotocopiadora que no les cobre más que el costo? Ninguno. ¿Y entonces, cómo ejercemos nuestro derecho a fotocopiar con fines académicos si no tenemos el aparato? Ese es precisamente el punto que la reforma pretende resolver, de una forma que yo llamaría, desafortunada.

No se mata un elefante con un matamoscas

El debate sobre derechos de autor y el acceso al conocimiento y la cultura es muy complejo (el elefante) y va mucho más allá de otorgar un permiso a los negocios de fotocopiado (el matamoscas). ¿Por qué debemos reformar la ley de derechos de autor para otorgar un permiso especial a un tipo específico de negocio? Que me respondan los legisladores, que para eso les pagamos. ¿Qué se resuelve con eso? El ingreso mensual del negocio de fotocopias. Si se resuelve algo más, les agradezco que dejen la idea en los comentarios.

Tampoco se mata una mosca con un elefante

Al defender un extraño y cuestionable derecho a lucrar haciendo copias de materiales protegidos por el derecho de autor (la mosca), la solución que encontraron los legisladores (porque el voto fue unánime y entonces la culpa no es solo del diputado Villalta) fue eliminar las penas de cárcel para todas las infracciones al derecho de autor de obras literarias, artísticas y científicas. Entiéndase, no solo el libro de química general de un autor que ya está pensionado y tal vez estará feliz de que su libro se siga multiplicando; se  eliminan las penas de cárcel contra organizaciones, empresas, individuos que lucren con las obras del sector creativo del país. ¿Nos parece excesiva una pena de cárcel en ciertos casos? Es un tema importantísimo, pero no se resuelve con un parche.

Como promotora del conocimiento abierto y la cultura libre, abogo porque los creadores compartan sus obras y comprendan que el conocimiento que construyen se basa en el de muchas otras personas que estuvieron antes que ellos. Sin embargo, defiendo por completo el derecho que tienen para decidir cómo quieren distribuir su obra. Quienes programan software libre, decidieron compartir ese programa y es el sistema legal el que defiende sus intereses y los de la colectividad que se beneficia de su trabajo. Pero aquellos inventores, artistas, académicos que no quieren dar acceso abierto a sus obras, también tienen derecho a hacerlo. La salvedad a eso sería, que esas obras se hayan realizado utilizando fondos públicos, un debate que lamentablemente este proyecto de ley tampoco resuelve ni toca.

Lo que sí hace la reforma, es despenalizar ambos casos y dejar en desprotección a la industria cultural, a los productores de programas de cómputo y a muchos otros creadores, sean éstos micro, pequeños, medianos, grandes y enormes. Tendemos a imaginarnos siempre a la malévola industria que nos llama ladrones antes de cada película en el cine o a cualquier intermediario que recibe la gran porción del pastel. Y aunque lamentablemente sí estoy defendiendo con mi oposición, los intereses de empresas que considero perversas en su modelo de negocio; no puedo dejar de hacerlo, porque estamos también desprotegiendo a esa pequeña y mediana empresa de profesionales de ingeniería, programación, diseño gráfico, producción audiovisual entre otros campos; y porque de paso, estamos promoviendo la mafia de la piratería que ya en otros países está ligada al narcotráfico y a las redes delictivas en general. Las películas de la Avenida Central no son hechas por un padre de familia sacando copias en su computadora Pentium II, sino por distribuidores masivos de contenidos que lucran con las creaciones de otros. Y claro, esos otros probablemente sean los abusivos estudios cinematográficos con sus precios elevados y sus políticas absurdas, pero un problema complejo no se resuelve con un parche y no puedo poner mis intereses individuales sobre los intereses de la colectividad.

¿Cuál sería mi propuesta?

1. Empezar a resolver el enorme desequilibrio existente respecto a la defensa de los intereses comerciales en materia de derecho de autor frente al derecho al acceso a la cultura y el conocimiento de la colectividad (ambos consagrados en la Declaración de los Derechos Humanos). Se debe  empezar por diferenciar al crimen organizado que lucra con las copias de películas, música y libros y que falsifica zapatos, champú y medicamentos; del adolescente que descarga una canción de forma no autorizada a través de la Internet o comparte un libro en PDF. En el primer caso sí corresponde al Estado perseguir eso como un delito. En el segundo caso no y debe tramitarse por la vía civil. Eso, mientras el movimiento de cultura libre, el acceso abierto y la realidad del formato digital, le abren los ojos a la industria cultural para que entienda que su modelo de negocios está obsoleto y que criminalizando a su público meta no va a sobrevivir.

2. Abrir el debate sobre el precio de los libros y la imposibilidad de conseguir material académico de calidad en este país. Si las editoriales y distribuidoras no quieren invertir en su negocio y pretenden mantener los precios prohibitivos, entonces debemos en conjunto pensar en una solución favorable al público.

3. Difundir que el derecho a fotocopiar para estudiar ya existe. Una reforma ideal a la ley, exigiría que las editoriales incluyan en su leyenda odiosa de “Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial…” alguna nota que indique que dependiendo del país donde esa obra se distribuye, existen excepciones al derecho de autor que anularían esa prohibición.

4. Las instituciones académicas deben asumir su papel. Les corresponde a estas resolver cómo proveer a los estudiantes de esos materiales en formato digital (por ejemplo), volver a dotar a las bibliotecas de las obras que necesitamos y tener dentro de su marco los centros de fotocopiado trabajando al costo o con ganancias que se destinen a fines que no sean el lucro.

5. Aprovechar la oportunidad para hacer una reforma real. Se debe mejorar la redacción de las excepciones que contempla la ley e incluir las que nos faltan y sí se contemplan en países de la Unión Europea. Un ejemplo de esas es la excepción para poder convertir a Braille las obras literarias. Otro tema por debatir es el acceso público que deberíamos tener ala investigación realizada con fondos públicos e incluso, a los desarrollos de software que las instituciones estatales compran con nuestros impuestos.

6. El Estado debe asumir su papel y realizar campañas informativas sobre estos temas. En la sociedad de la información y el conocimiento, la propiedad intelectual constituye como nunca antes, una herramienta que todos debemos saber manejar. Estas campañas deben incluir por supuesto, los modelos alternativos que proponen el conocimiento abierto y la cultura libre, de manera que las personas podamos elegir cómo queremos compartir nuestras creaciones, cuáles son nuestras obligaciones y cuáles son nuestros derechos.

En síntesis

En el campo de los derechos de autor todos tenemos distintos roles como autores, consumidores y distribuidores pero ahora mismo tal parece que únicamente somos víctimas de un sistema legal que protege los derechos “sagrados” de los intermediarios y desprotege el interés de las mayorías. Por eso mismo, los proyectos de ley deben pasar del populismo y el cortoplacismo, a resolver los problemas de fondo que nos aquejan. Y no, en este caso, no se trata de un avance hacia ese objetivo. La reforma para “fotocopiar para estudiar” constituye definitivamente un retroceso y desperdicia una oportunidad de oro para sentarnos a la mesa de negociación y exigir una reforma integral a la ley de derechos de autor (6683), a la ley de observancia (8039) y sus respectivos reglamentos en Costa Rica.

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Notas para lectorxs del blog:

En los comentarios encontrarán varias aclaraciones de lectores. Ojalá los lean.

* En una versión anterior yo decía que “todos tenemos una imprenta en casa”. Ahora suavicé esa afirmación. Esa frase la uso en realidad cuando hablo de cómo, por mucho tiempo, parecía una transacción razonable renunciar a algunos derechos y otorgárselos a un intermediario (por ejemplo, una imprenta) porque no teníamos los medios para acceder a ese conocimiento si ellos no imprimían los libros. Ahora esa relación de dependencia no existe en la mayoría de los casos. La frase sacada de contexto en efecto se interpreta como una postura elitista. No todos tenemos computadora en casa.

* Una versión anterior planteaba la ocurrencia de que las editoriales incluyeran la leyenda: “Esta prohibición es nula si se copia un fragmento de la obra bajo estas condiciones…”. Luego, mi amigo Gunnar Wolf me recordó que por ejemplo en México, esa excepción no existe. De ahí que editara ese párrafo.

La industria que se suicida y nos culpa a nosotros

Esta entrada se publicó originalmente en mi blog en 89decibeles

¿Han entrado últimamente a una tienda de discos?

Yo lo hice el sábado, como ejercicio nada más. No pensaba comprar nada pero quise hacer un monitoreo para confirmar mis sospechas.

¿Cuales eran esas sospechas? La primera, que iba a encontrar puros discos viejos. Así fue: el único disco reciente que encontré es el …little broken hearts de Norah Jones. La segunda, que iba a encontrar pura música para señores mayores de 50 años. Así fue: de haberle buscado un regalo a mi papá hubiera salido con unos diez buenos discos. La tercera, que en la tienda no iba a suceder nada interesante. Sobre esa, aclaro que eran las 10 de la mañana y acababan de subir la cortina metálica. Les daremos el beneficio de la duda.

No creo que muchos lo recuerden, pero en Barrio La California (donde ahora hay un salón de belleza, en un local ubicado casi al frente del AM.PM) estaba Auco Disco. En Auco Disco había un mae especialista en rock (Mauricio Alice) y otro, especialista en jazz (su nombre no lo recuerdo). En esa tienda se podían encontrar discos extraños, pero si no estaban, al menos se podía encontrar a alguien que decía: “No, no lo tenemos, pero qué excelente disco, es lo mejor que han sacado los de [inserte grupo aquí] porque después de que cambiaron de guitarrista, habían decaído un poco pero con ese disco están volando. Pero no, no lo tenemos, pero te recomiendo este de [inserte otro grupo] porque tiene un solo de guitarra en la canción seis que es increíble“.

Sucedía algo más o menos así, lo que quiere decir, que una llegaba a Auco Disco a las diez de la mañana y salía como a las cinco de la tarde con tres discos nuevos después de haber escuchado una selección de música espectacular. ¿Qué pasó con esas tiendas? ¿Las mató The Pirate Bay? ¡Esa es la respuesta facilista de la industria discográfica! La respuesta es, que esas tiendas jamás recibieron nada de esa industria que no fuera una factura de cobro. La industria -sobre todo en mercados prescindibles como el nuestro- se limitó a contratar artistas, encargarse de que grabaran un producto comerciable, a producir el objeto llamado disco y listo. A las emisoras de radio más comerciales, les pagan  para que programen las canciones – porque no es casualidad que “Mosa, mosa sea el éxito del verano en toda América Latina ¿verdad? – pero ¿a las tiendas de discos? Nada.

Sigamos con esa idea: a las emisoras les pagan por programar cierta música. No debe esa idea hacernos creer que el mal gusto es culpa de las disqueras. No revelaré la fuente, pero sé que el éxito de la canción “Locura automática de La Secta fue un legítimo golazo. Nadie pagó por ella. Esa canción llegó a número uno por ¿méritos? propios (no saben el esfuerzo que fue buscar esa cosa, no se las recomiendo). Lo mismo sucede en otras emisoras que no ponen reggaetón, como la que intenta salvar a la especie y donde ponen lo que nos gusta. Pero resulta, que todo eso que nos gusta no está disponible en ninguna tienda de discos en este país. Entonces, aunque quisiéramos comprar un disco o regalárselo a alguien eso es imposible. Y no me digan que es lo mismo que nos regalen un link o un disco repleto de MP3 descargados que un disco con portadita y libro, envuelto en papel de regalo.

Tal vez soy de la vieja escuela, pero el objeto fetiche disco sigue existiendo, no solo por la portada, sino por el sonido. Un MP3 de tres megas es como tomar café chorreado en una bolsa que ha sido usada ocho veces con la misma broza. Ese formato es lo peor que le ha podido ocurrir a la música y si tuviéramos algo de dignidad jamás compraríamos archivos digitales en Amazon o iTunes que no sean MP3 con una compresión aceptable. Eso, si pudiéramos comprarlos, porque ni eso es permitido. Como la industria musical no tiene interés alguno en resolver SU problema (que no es nuestro, es de esas compañías) ni siquiera ha resuelto cómo cobrar una descarga de MP3 donde se incluya el impuesto de importación (¡válgame, si es que descargar desde aquí un MP3 de un servidor en EEUU es una importación de un bien a Costa Rica!!!) para que no tengamos que marearnos entrando a los noventas en Titi Online a descubrir que no hay nada de Muse, Andrew Bird, The Killers, Death Cab for Cutie, Paramore, Björk… (créanme, los busqué todos, incluso a Norah Jones y a La Secta. Tampoco estaban).

Todo esto me lleva a la pregunta, la cual formulo con todo respeto (NOT): ¿¿¿Qué putas esperan que hagamos??? Es indignante; sobre todo porque en el mejor de los casos nos van a vender una descarga de un café aguado que no nos permitirá escuchar todos los detalles que sí nos permitiría un acetato o una menor compresión. En el peor de los casos, los grupos post-MP3 terminarán grabando música que no tendrá armónicos ni sonidos ocultos porque ¿pa qué? ¿si nadie lo va a oír?. Ya hasta lo admiten: “Además, algunos músicos e ingenieros de audio dicen que el formato MP3 está cambiando la forma en la que los estudios mezclan las grabaciones. Ellos dicen que el formato MP3 “aplana” las dinámicas — las diferencias en tono y volumen — en una canción. Como resultado, mucha de la nueva música que sale de la industria tiene un sonido similar, y no hay nada como un enfoque en crear una experiencia de escucha dinámica. ¿Para qué trabajar tan duro creando sonido complejo si nadie puede detectarlo?” (Rolling Stone, The Death of High Fidelity, 26 de diciembre de 2007, tomado de aquí).

Por eso no me sorprende el post de Adrián sobre la venta de discos viejos. El precio no tiene nada que ver. Las causas tienen que ver con el objeto fetiche disco y lo que significa o no significa para la gente que jamás ha comprado uno. Adrián también pregunta si alguien aquí sigue comprando discos. Le respondo que yo lo haría si en las tiendas vendieran algo de lo que me gusta. Lo hago a pesar de la náusea que siento al leer: “Este fonograma es una obra intelectual protegida en favor de su productor… SE PROHIBE SU COPIA TOTAL O PARCIAL…” (así, en mayúsculas, gritándole a quien solo es culpable de haber comprado el disco y defendiendo al productor, no al artista). Pero tengo clarísimo que casi nadie compra discos porque comprar discos ya no es una experiencia gratificante; porque si comprar un disco es hacer clic para esperar quince días a que llegue a la casilla, mejor damos el clic en un enlace de descarga.

Pero hay otra razón por la cual la gente no compra discos. En una de mis charlas sobre la dictadura del todos los derechos reservados, pregunté a los 30 estudiantes veinteañeros si habían comprado un disco alguna vez. Uno respondió que sí, porque es cantautor y comprendía el esfuerzo que significa hacer un disco, para un músico local de un país como el nuestro. Los demás jamás lo habían hecho. ¿Será posible entonces que esos jóvenes jamás hayan escuchado música de verdad? ¿Será posible que si no es por conciertos, lo que ellos consideran música es un conjunto de deslavados MP3 a punto de llenar 1 TB en su computadora? ¿La gente no compra discos porque no diferencia un sonido del otro?

No tengo muy claro a dónde quiero llegar. La industria discográfica es aborrecible. Una industria que en lugar de innovar se dedica a demandar a adolescentes por descargar canciones, a tratar de pasar leyes que restringen nuestras libertades en Internet, a colocar DRMs que nos convierten en rehenes de nuestros aparatos* y nos obliga a escuchar apenas el aroma de la música, merece todo mi desprecio. Si a esto le sumamos, que esa industria tampoco nos permite descargar sus migajas de forma legal porque no ha comprendido que la Internet no necesita de un furgón que atraviese las fronteras, además de mi desprecio merece toda mi lástima y mi más sentido pésame.

Pero también el pésame es para la música, la de verdad, la que no está comprimida debajo del zapato de un pésimo formato. También es para los músicos independientes que aún no se dan cuenta de que rogándole un espacio a esa industria solo se suman a la etiqueta de despreciables, cuando lo que merecen es que los frutos de su trabajo ingresen a su cuenta bancaria.

Sin embargo, hay muchas cosas buenas que han salido de todo este absurdo. Bien por los que se han unido a proyectos como el de Autómata (aunque sea en mp3) y por sueños hechos realidad como Musopen (que ha logrado que la música que es de dominio público en la teoría, lo sea en la práctica). Bien por la Electronic Frontier Foundation y la lista de abogados dispuestos a defender a las personas acusadas de descargar ilegalmente la música en los Estados Unidos. Bien por las licencias Creative Commons que permiten compartir libremente.

Todas esas son soluciones en crecimiento, aunque ninguna de ellas permite que yo pueda comprar el disco del panameño Carlos Méndez. Por suerte un amigo, que sabe que yo a Apple jamás le daré uno de mis cincos, me compró los archivos en iTunes. Se lo agradezco mucho, aunque hubiera preferido ir Auco Disco y que Mauricio me dijera que el EP del 2007 que tengo de Carlos, es mejor que el disco que grabó en el 2009.

* Mis aparatos no tienen DRM’s porque uso software libre. También uso el formato ogg.

La imagen es de verbeeldingskr8

Después de la sorpresa: sobre la Ley de Delitos Informáticos

La semana pasada, la aprobación de la Ley de Delitos Informáticos en Costa Rica desató una serie de reacciones que me despiertan muchas inquietudes y me preocupan como ciudadana, como ciberactivista, como investigadora en temas de uso de la tecnología de información y comunicación; y como interesada en el tema de los derechos en el mundo digital.

La primera preocupación, tiene que ver con la reacción manipuladora y ¿desinformada? de la prensa. La segunda, con la reacción de la ciudadanía que en unos casos explotó a partir de la desinformación de los medios de comunicación, sin detenerse siquiera a leer la ley, y por la otra desestimó los asuntos que verdaderamente nos afectarán en nuestra libertad de expresión en Internet. La tercera tiene que ver con el funcionamiento de nuestra Asamblea Legislativa, el trabajo de los legisladores y de sus asesores, quienes al parecer consideran que estos temas no requieren de los aportes de personas con el conocimiento del cual ellos carecen. En el caso de esta ley, es relativamente fácil para mí notar las fallas, porque aunque no soy abogada este es un tema del cual me ocupo. Pero ¿qué pasará en el caso de leyes sobre Banca de Desarrollo, Ley de Tránsito y tantas otras que requieren de otros conocimientos especializados? Lo que ya sabemos: mamarrachos de ley. Y la cuarta preocupación: la ignorancia de la ley a nivel general, lo poco o nada que sabemos sobre cómo se redactan, implementan y se interpretan y el escaso interés que le ponemos a disposiciones que nos afectan a todos pero ni siquiera leemos hasta que llegan el día en el que nos acusan de algo. Como muestra, léanse el post de Julio Córdoba sobre leyes friki en Costa Rica.

El grito al cielo: 42 años después

Radio Reloj fue el primer medio en pegar el grito con este titular: Nueva ley de delitos informáticos castigaría con cárcel investigación y publicación periodística. La Nación le siguió con su titular Nueva ley impone cárcel a quien obtenga ‘información secreta política’. En el programa radiofónico de Amelia Rueda según me dicen, los radioescuchas tuvieron que bajarle el volumen a su radio ante la furia de esta comunicadora (aunque no pude encontrar ninguna nota en su sitio, pero es difícil encontrar cualquier cosa ahí). En todas las notas publicadas entre el 11 y el 12 de julio (con excepción de este y otros blogs), se omite que la frase cuestionada del artículo 288 “informaciones secretas políticas” está en el Código Penal costarricense desde 1970 e incluso, la fuente especialista de al menos dos de las notas (el exjuez y especialista en derecho penal Ewald Acuña) no menciona -o no le publican que menciona- ese hecho.

Los artículos que la prensa llama “mordaza”

Los artículos que los representantes de medios de comunicación, del Colegio de Periodistas y el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión cuestionan, son los siguientes:

“Artículo 196.- Violación de correspondencia o comunicaciones
Será reprimido con pena de prisión de tres a seis años quien, con peligro o daño para la intimidad o privacidad de un tercero, y sin su autorización, se apodere, accese, modifique, altere, suprima, intervenga, intercepte, utilice, abra, difunda o desvíe de su destino documentos o comunicaciones dirigidos a otra persona.

La pena será de cuatro a ocho años de prisión si las conductas descritas son realizadas por:
a) Las personas encargadas de la recolección, entrega o salvaguarda de los documentos o comunicaciones.
b) Las personas encargadas de administrar o dar soporte al sistema o red informática o telemática, o bien, que en razón de sus funciones tengan acceso a dicho sistema o red, o a los contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos.

Para el artículo 196, es incomprensible la sorpresa por parte de la prensa. La violación de correspondencia constituye un delito desde hace décadas y la violación de comunicaciones electrónicas está tipificada desde el año 2001, como explicó José Medrano en su blog. # Olviden el nombre del blog y tomen en serio lo que escribe sobre nuestra legislación relacionada con el entorno digital.

Sorprende entonces que una nota publicada por el Semanario Universidad señale que esta nueva disposición inhibiría la publicación de documentos como el memorando del miedo publicado por ese medio en el 2007, pues desde el 2001 está vigente el mismo artículo, el cual ya no señala únicamente a quien abriera la documentación sino también a quien la hubiera extraído (es decir, al informante) y a quien la difundiera*. De hecho, el artículo 196 parece más bien proteger a los medios de comunicación en estos casos, incluyendo las condiciones “con peligro o daño para la intimidad o privacidad de un tercero”, algo que definitivamente no es lo que se vulneró en el caso del memorando Casas-Sánchez, pues la publicación de ese documento se daba en el marco del interés público y no puede señalarse como un daño a la intimidad de un tercero.

Continuar leyendo “Después de la sorpresa: sobre la Ley de Delitos Informáticos”

Ley de delitos informáticos: más preguntas que respuestas

No tengo respuestas, solo dudas. Y no soy abogada así que pongo esto aquí para que tratemos de responder las preguntas.

Aquí pueden leer el proyecto original y de aquí pueden ver la ley que está en vigencia. La ley nueva está aquí y el Código Penal está aquí.

Artículo 1, reforma al artículo 167 del código penal:

Incluye redes sociales o cualquier otro medio informático o telemático en casos de corrupción de menores o personas “incapaces” (sic). No le veo problema más allá de que mencione a personas incapaces.

Reforma al artículo 196: Violación de correspondencia o comunicaciones

Penas de cuatro a ocho años por violación de correspondencia o comunicaciones a:

a) Las personas encargadas de la recolección, entrega o salvaguarda de los documentos o comunicaciones.

b) Las personas encargadas de administrar o dar soporte al sistema o red informática o telemática, o bien, que en razón de sus funciones tengan acceso a dicho sistema o red, o a los contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos.


1. Violar correspondencia siempre ha sido prohibido. Lo que la prensa cuestiona ¿es el aumento de las penas de cárcel? (pasan de entre uno a tres años a penas de cuatro a ocho años) o ¿es porque se añade la publicación? ¿consideran que están en su derecho de interceptar correspondencia y publicarla? Una cosa es interceptarla y otra, recibirla de un informante. El informante es el que en este caso se vería afectado y sí, no parece haber intención alguna de hacer salvedades cuando lo que se informa es de interés nacional. La diferencia central con la reforma del 2001 es que ahora se incluyen las palabras “publique y difunda”.

2. Me parece que deja por fuera a las personas que podrían dar la orden para que eso se ejecute. La responsabilidad recae en el funcionario de soporte o departamento de informática únicamente. Desconozco si se contempla eso en general como incitar a alguien a delinquir. Si yo administrara una red, estaría muy preocupada de ser el chivo expiatorio.

Artículo 196 bis.- Violación de datos personales
Será sancionado con pena de prisión de tres a seis años quien en beneficio propio o de un tercero, con peligro o daño para la intimidad o privacidad y sin la autorización del titular de los datos, se apodere, modifique, interfiera, acceda, copie, transmita, publique, difunda, recopile, inutilice, intercepte, retenga, venda, compre, desvíe para un fin distinto para el que fueron recolectados o dé un tratamiento no autorizado a las imágenes o datos de una persona física o jurídica almacenados en sistemas o redes informáticas o telemáticas, o en contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos.

Quisiera saber a qué le llaman datos personales en la ley. ¿Son datos privados o cualquier tipo de dato personal, sea sensible o no sensible?

Por otro lado, este artículo parece tener la intención de protegernos de empresas como Datum si no fuera porque ahora los bancos nos hacen firmar una hoja donde damos autorización para usar nuestros datos personales. Entonces, el vacío da suficiente espacio porque la única condición es el consentimiento sin que existan niveles para por ejemplo, autorizar el uso de los datos pero no la venta de los mismos. O sea, es un saludo a la bandera.

Lo que sigue es incomprensible:

La pena será de cuatro a ocho años de prisión cuando las conductas descritas en esta norma:

a) Sean realizadas por personas encargadas de administrar o dar soporte al sistema o red informática o telemática, o bien, que en razón de sus funciones tengan acceso a dicho sistema o red, o a los contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos.

b) Cuando los datos sean de carácter público o estén contenidos en bases de datos públicas.

De nuevo la responsabilidad es de los funcionarios de mandos medios o bajos.

¿A qué le llaman datos públicos? Si los datos son públicos es obligación del Estado ponerlos a disposición de la ciudadanía. Este debería ser el artículo criticado por la prensa, digo yo.

Artículo 288.- Espionaje

Será reprimido con prisión de cuatro a ocho años al que procure u obtenga indebidamente informaciones secretas políticas o de los cuerpos de policía nacionales o de seguridad concernientes a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la nación, o afecte la lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado.

La pena será de cinco a diez años de prisión cuando la conducta se realice mediante manipulación informática, programas informáticos maliciosos o por el uso de tecnologías de la información y la comunicación.”

Lo primero que diré, es que lo cuestionable de este artículo ya está en el Código Penal actual. No comprendo la sorpresa de la prensa, aunque sí la nuestra porque es una aberración. En principio, parecería que es un asunto de resguardar la seguridad nacional pero:

1. ¿Qué son “informaciones secretas políticas”? Este detalle está hecho a la medida del Memorándum del Miedo, evidentemente. Y como no parece haber intención alguna de transparencia, toda la información pública que no se nos brinda aunque tengamos derecho a ella, ¿es secreta?

2. ¿A qué se refieren con “las relaciones exteriores” de la nación? ¿Pedir las actas de la comisión fantasma de la trocha es afectar las relaciones exteriores?

Artículo 229 ter.- Sabotaje informático

Se impondrá pena de prisión de tres a seis años al que, en provecho propio o de un tercero, destruya, altere, entorpezca o inutilice la información contenida en una base de datos, o bien, impida, altere, obstaculice o modifique sin autorización el funcionamiento de un sistema de tratamiento de información, sus partes o componentes físicos o lógicos, o un sistema informático.

“altere (…) modifique sin autorización” ¿autorización de quién? Ojo. Que no nos salgan luego con que modificar un software Open Source es sabotaje informático.

ARTÍCULO 3.- Modifícase la sección VIII del título VII de la Ley N.o 4573, Código Penal, de 4 de mayo de 1970, y sus reformas; se corre la numeración de los artículos subsiguientes. El texto dirá (…)

En Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, Jamaica entre otros países se protege la figura del whistleblower (o “soplón”) pero en Costa Rica, estamos muy lejos de eso y vamos para atrás. La ley parece estar hecha a la medida de los revoltosos en Internet y de los funcionarios del Ministerio de Hacienda que filtraron información. El verdadero gol de la Ley de Delitos Informáticos es este:

“Artículo 230.- Suplantación de identidad
Será sancionado con pena de prisión de tres a seis años quien
suplante la identidad de una persona en cualquier red social, sitio de Internet, medio electrónico o tecnológico de información. La misma pena se le impondrá a quien, utilizando una identidad falsa o inexistente, cause perjuicio a un tercero.
La pena será de cuatro a ocho años de prisión si con las conductas anteriores se causa un perjuicio a una persona menor de edad o incapaz”.

Identidad falsa es El Infierno en Costa Rica, El Chamuco o mi nick de twitter, mi blog de blogger del 2004. Y perjuicio ¿qué es?

Artículo 231.- Espionaje informático

Se impondrá prisión de tres a seis años al que, sin autorización del titular o responsable, valiéndose de cualquier manipulación informática o tecnológica, se apodere, transmita, copie, modifique, destruya, utilice, bloquee o recicle información de valor para el tráfico económico de la industria y el comercio.

¿Esto o está regulado ya como secreto comercial? ¿Qué es lo que cabe como “información de valor”?

Artículo 232.- Instalación o propagación de programas informáticos maliciosos

Será sancionado con prisión de uno a seis años quien sin autorización, y por cualquier medio, instale programas informáticos maliciosos en un sistema o red informática o telemática, o en los contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos.

Quien redactó eso no sabe que el spyware y otros tipos de software malicioso es instalado por la persona usuaria sin saberlo. Recomiendo una vez más pasarse a software libre porque si no, van todos para la cárcel.

La pena será de tres a nueve años de prisión cuando el programa informático malicioso:

i) Afecte a una entidad bancaria, financiera, cooperativa de ahorro y crédito, asociación solidarista o ente estatal.

¿Y como por qué las asociaciones solidaristas y no los sindicatos, las cooperativas de otro tipo, las organizaciones no gubernamentales en general?

Artículo 236.- Difusión de información falsa

Será sancionado con pena de tres a seis años de prisión quien, a través de medios electrónicos, informáticos, o mediante un sistema de telecomunicaciones, propague o difunda noticias o hechos falsos capaces de distorsionar o causar perjuicio a la seguridad y estabilidad del sistema financiero o de sus usuarios.

Ver el caso Jeanfer en Guatemala. Ya saben, nada de trollear a los bancos.

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Los problemas de la ley no se resuelven con redactarla mejor. Hay que empujar una ley de transparencia y rendición de cuentas que convierta los datos públicos en datos públicos (ahora no lo son) y elimine el adjetivo “secreto” a la información política. Así resolvemos el problema de una vez y dejamos de hacer parches.

Tenemos que resolver también la definición de Secreto de Estado.

Además, el Colegio de Profesionales en Informática y Computación, las universidades e incluso CAMTIC deberían pronunciarse. Esto pone en peligro la profesión.

Les dimos sopa de protestas

Este post marca que se ha acabado el apagón de protesta por los distintos proyectos de ley que actualmente se están discutiendo en los Estados Unidos.

Estas leyes se conocen por sus siglas: SOPA (Stop Online Piracy Act) y PIPA (Protect IP Act) y tiene gemelas o familiares por todas partes. En México se discute la ley Döring y el Tratado ACTA (el cual podría incluir a nuestros países si se adhirieran). El ACTA (Acuerdo Comercial Anti-Falsificación) fue firmado en octubre de 2011 por los Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur y Corea del Sur. En negociación están: la Unión Europea, México, Suiza. El artículo 39 del ACTA especifica que el acuerdo está abierto para firma hasta el 31 de marzo de 2013.

SOPA y PIPA (ejemplos que sirven para entender también al ACTA) básicamente establecen que se perseguirá a sitios web que sean acusados de participar en infracciones al copyright. Estos sitios podrán ser bloqueados a partir de denuncias, sin que se realice un proceso. Esto incluye también a los sitios donde se expliquen formas de burlar los mecanismos de censura.

Se aplica a los sitios web dentro y fuera de los Estados Unidos y apunta a cualquier sitio donde el público pueda generar contenido (Facebook, Youtube, Blogger, Google+).

Existe también una parte de SOPA y PIPA muy preocupante: se le daría inmunidad amplia a todos los proveedores de servicios si bloquean a usuarios que sean inocentes o bloquean los sitios voluntariamente sin supervisión judicial alguna. La Electronic Frontier Foundation denuncia que Los intermediarios sólo tendrá que actuar “de buena fe” y basar su decisión “en la evidencia creíble” para recibir la inmunidad. Esto permitiría que la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos y la Asociación de Discográficas puedan crear listas negras de los sitios que quieren censurar.

Como indica la EFF, los contenidos que se encuentren bajo el “Uso justo” se verían afectados también. Las compañías pueden usar estos reclamos para tener ventaja sobre competencia emergente y hacer competencia desleal. El sitio bloqueado ahora lleva la carga de probar su inocencia o bien la mala fe de su acusador con el fin de ser desbloqueado.

Los sitios web extranjeros también se verían afectados. Las leyes establecen que sería posible pedir órdenes judiciales para bloquear financiamiento y anunciantes (como sucedió con Wikileaks) y se facultaría al Procurador General para eliminar sitios web de los motores de búsqueda, algo que criminaliza los enlaces y socava la estructura fundamental de la Internet, como manifestó el presidente de Google.

Con estas leyes se castiga a los “millones de usuarios inocentes que ni siquiera han pensado en la infracción de copyright”. El ejemplo que dio el cofundador de Reddit Alexis Ohanian, PIPA y SOPA son “el equivalente de estar enojado con FORD y tratar de tomar medidas contra la empresa solo porque un Mustang fue utilizado en un asalto a un banco” (Leer artículo completo en el sitio de EFF [en inlés])

El blackout

 

Muchas empresas o entidades relacionadas directamente con la tecnología se oponen a estas leyes. En el apagón del 18 de enero participaron o manifestaron su apoyo a la protesta principalmente Wikipedia, WordPress, Wired, Identi.ca, O’Reilly, Boing Boing, Reddit, GNU, FSF, Google, Flickr, Facebook, Twitter, CodePink entre otras.

En Twitter más de 2,4 millones de tweets fueron enviados entre las 12 am y las 4 pm usando las palabras: SOPA, Stop SOPA, PIPA, Tell Congress o el muy gracioso “factswithoutwikipedia”. No están contabilizados ahí muchos otros envíos que se etiquetaron como #sopablackout y otros más.

Del sitio de la EFF se envió más de un millón de peticiones. El formulario de Google fue enviado por 4,5 millones de personas. sopastrike reportó antes del anochecer que 10 mil sitios se habían adherido con ellos. Avaaz alcanzó 1,5 millones de personas hasta las 10 p.m. del horario de este blog. Wikipedia registró 160 millones de visitantes. 8 millones enviaron comunicaciones a sus representantes a través de la herramienta del sitio. Y lo más importante, al menos 13 senadores retiraron su apoyo a partir de estas protestas.

¿Cuáles son los problemas de estas leyes?

 

Lo que es común a todas las críticas se relaciona sobre todo con las pérdidas económicas que ocasionaría, pues por un lado implementar mecanismos de vigilancia como los que se exigen generaría costos muy elevados a los proveedores de servicios. Esto evidentemente desestimula los emprendimientos relacionados con la Internet (un sector en crecimiento, que brinda ya más empleos al año de lo que la industria discográfica o cinematográfica genera en los Estados Unidos).

Para el software libre, estas leyes significarían un bloqueo, porque muchas de las herramientas utilizadas serían declaradas como prohibidas (cosas como el SSH que utilizan profesionales de sistemas para administrarlos de forma ágil y segura). Además, obligaría a los proyectos de desarrollo (con alto porcentaje de personas voluntarias) a vigilar a sus colaboradores o a pedirles que vigilen (cosa que no harán porque les desvía de sus objetivos), como explica la EFF.

En cuanto a las pérdidas, en general las leyes pretenden romper con toda la estructura de funcionamiento de la Internet, al generar así un caos en la forma en la cual se asignan las direcciones IP y se ubican los contenidos. Incluso es probable que las medidas no se puedan implementar del todo, por la complejidad que se requiere administrar.

Pero el tema económico pasa a segundo plano cuando revisamos cuánto afectarían estas leyes la libertad de expresión, pues recordemos que basta con una sospecha para que los sitios puedan ser bloqueados sin un proceso. Eso quiere decir, que para evitar esas medidas, quienes brindan servicios de redes sociales en línea, blogs y cualquier plataforma de generación de contenidos por parte de personas usuarias, se verá en la obligación de revisar todos los materiales y comentarios antes de que sean publicados. Esto nos devolvería a la web 1.0 donde todos los contenidos eran editados, aprobados, filtrados por quienes fueran dueños de los medios de comunicación. La censura y los cercos mediáticos estarían a la orden del día.

Por otra parte, todas las aplicaciones que se han desarrollado para que las personas que viven baj regímenes opresores puedan investigar y denunciar violaciones a los derechos humanos quedarían inservibles. Como explica la EFF, estas se han desarrollado para casos como los de Irán y China pero ahora la legislación estadounidense sería peor que las de esos países.

¿Y las pérdidas económicas por las infracciones al copyright?

 

Actualmente la legislación DMCA (Digital Millenium Copyright Act) obliga al responsable del sitio web a monitorear y eliminar los contenidos cuando éstos sean infractores del copyright. Es lo que hace youtube constantemente. La diferencia es que se le brinda un tiempo prudencial para hacerlo y no se bloquea el acceso a su sitio. Eso funciona en la actualidad. Sin embargo, quieren más y necesitan ampliar su marco de acción hacia sitios fuera de los Estados Unidos.

Pero ¿realmente se está viendo afectada la industria de la música y la cinematográfica por las infracciones?

La industria de la música y del cine (principales impulsoras de estas leyes) argumentaron que hay 19 millones de trabajos en riesgo por causa de la piratería. Luego se supo que esa cifra incluyó a todo el sector tecnológico, que en su mayoría se opone a esa leyes.

Se sabe que la industria del cine empleó a 374,000 personas en el 2010 (tiempos completos y parciales en EEUU). La industria reporta perder 373,000 trabajos anuales cuando en realidad los estudios indican que han perdido solo 18 mil desde 1998. La comparación que se nos propone es con eBay, empresa que creó ella sola, 724 mil empleos en 2005.

La EFF reporta que la industria de música y cine contribuyen a la economía con las mismas cifras que antes de que compartir archivos fuera común (tanto en 2011 como en 1995 esa contribución fue de un 0.4% del PIB). Las empresas siguen ganando dinero y mucho.

Se habla de pérdidas anuales por $20,5 miles de millones. Julián Sánchez del CATO Institute realizó un estudio que determinó que usaron efectos multiplicadores para doblar o triplicar las pérdidas y además incorporaron las infracciones mundiales para argumentar en favor de una ley nacional. Las pérdidas -dice Sánchez- de $446 millones y al menos un 80% de eso proviene de personas que descargaron películas que no iban a comprar de todas maneras.

Sobre este punto es importante recalcar, que ese cálculo de las pérdidas es uno de los engaños más utilizados cuando se habla de infracciones al copyright de música, películas y software. El hecho de que alguien instale un sistema operativo privativo sin haber comprado la licencia, puede significar que esa persona estaba en la disposición de adquirir ese programa pero tal vez no estaba dentro de sus posibilidades. Es decir, no es una pérdida real porque ese bien no iba a ser adquirido. Lo mismo sucede con las películas: si están disponibles para verlas, no hay riesgo alguno de perder dinero si no resulta del agrado de quien la ve, pero si tuviera que pagar la entrada al cine, probablemente no la vería. De nuevo es dinero que de todas maneras no hubiera sido recibido por el titular del copyright.

Se aclara en el artículo de la EFF que las cifras son problemáticas porque la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA) se niega a liberar su información. Incluso la oficina de rendición de cuentas del gobierno estadounidense se vio obligado a emitir un informe diciendo que el gobierno no debe respaldarse en los estudios de la MPAA porque “no pueden ser justificadas o remontarse a un origen de datos subyacente o una metodología.” Según la EFF, a veces ellos admiten que sólo los inventan.

¿Pero entonces, de qué vivirán los artistas?

 

En otras entradas ya he hablado sobre este tema (ver la categoría “copyright”) y siempre aclaro que las alternativas son modelos que están en construcción. Hasta que los artistas no se convenzan de que el sistema de intermediarios actual no es de su conveniencia no vamos a lograr transformar por completo la industria de bienes culturales.

También insisto siempre en que oponerse a estas leyes y a las medidas que criminalizan el compartir contenidos con copyright restrictivo no implica apoyar la descarga ilegal y la abolición del marco legal de derechos de autor y copyright. Alguna gente defiende eso. Yo no. Yo creo que si se quiere cambiar una ley absurda, hay mecanismos para hacerlo y hasta que no se agoten no está justificado romper con toda legalidad. El peligro de leyes como SOPA, PIPA, ACTA, es que evidentemente agotan las vías y mecanismos obligándonos prácticamente a salir del marco establecido.

Y lo que señalo siempre es que hemos llegado a un nivel de absurdo difícil de sostener. Cuando vendedores de piñatas en México son encarcelados por vender una piñata de Mickey Mouse y no pagar derechos; cuando un adolescente británico puede ser extraditado a los EEUU por haber colocado en su blog enlaces que llevaban a contenidos para descarga no autorizada; cuando por subir una canción de Michael Jackson a Internet se iría más años a a cárcel que por haberlo asesinado, es evidente que algo anda muy mal.

Pero la salida no está en The Pirate Bay. La salida la estamos construyendo y la seguiremos construyendo si nos dejan continuar aprovechando la Internet para compartir las ideas y el conocimiento. Por eso es que no podemos permitir que las industrias que defienden sus intereses económicos por encima del bienestar de la sociedad y las creaciones colectivas de soluciones ganen una batalla más. Los hemos dejado ir demasiado lejos, pero este 18 de enero de 2012 les demostramos que somos muchos y estamos juntos en esta causa. Incluso, si en muchas otras no compartimos la trinchera.

Richard Stallman siempre ha estado en lo cierto

Traducción a cargo de Carolina Flores Hine, del artículo “Richard Stallman Was Right All Along” escrito por Thom Holwerda el 2 de enero de 2012 y publicado en OS News

Al terminar el año pasado, el presidente Obama firmó una ley que permite detener indefinidamente a sospechosos de terrorismo sin que exista alguna especie de juicio o debido proceso. Los manifestantes pacíficos de movimientos de ocupación [Ocuppy] de todo el mundo han sido etiquetados como terroristas por las autoridades. Iniciativas como SOPA promueven el monitoreo diligente de canales de comunicación. Hace treinta años, cuando Richard Stallman lanzó el proyecto GNU y durante las siguientes tres décadas, sus perspectivas -algunas veces- extremas y sus payasadas fueron ridiculizadas e ignoradas como paranoia. Pero aquí estamos, 2012, y sus “¿qué pasaría si?” que alguna vez fueron paranoides se han convertido en realidad.

Aún recientemenre, ha sido sencillo ignorar a Richard Stallman como un fanático paranoico, alguien que perdió contacto con la realidad hace mucho tiempo. Una clase de eterno hippie de las computadoras, la personificación perfecta del arquetipo del nerd de las computadoras espiritual que vive en un sótano. Su barba, su cabello, su vestimenta… en nuestro mundo de la apariencia es sencillamente muy fácil ignorarlo.

Sus perspectivas siempre han sido extremas. Su única computadora es una netbook Lemote Yeelong porque es la única computadora que usa únicamente software libre (sin blobs de firmware, sin BIOS privativo; es toda libre). También se niega a tener un teléfono celular porque es demasiado fácil rastrearlos. Hasta que exista un teléfono celular equivalente a la Yeelong, Stallman no quiere uno. En general, todo el software debe ser libre. O, como lo expresa la Free Software Foundation:

“A medida que nuestra sociedad se vuelve más dependiente de las computadoras, el software o los programas que corremos tienen una importancia crítica para asegurar el futuro de una sociedad libre. Software Libre se trata de tener el control sobre la tecnología que usamos en nuestras casas, escuelas y negocios, donde las computadoras trabajan para el beneficio común e individual, no para las compañías de software privativo o los gobiernos que pueden pretender restringirnos y monitorearnos”.

Yo también ignoraba a Stallman por ser demasiado extremista. ¿Software libre para combatir gobiernos controladores y espías? ¿Corporaciones malignas que quieren controlar el mundo? ¿El software como una herramienta para monitorear los canales privados de comunicación privadas? Claro. Seguramente el software libre y código abierto es importante, y yo lo elijo siempre que se haya alcanzado la equivalencia funcional con las soluciones privativas, pero ese sinsentido de Stallman/FSF se pasa.

Pero aquí estamos, iniciando el 2012. Obama firmó la NDAA [National Defense Authorization Act] para el 2012, permitiendo que los ciudadanos estadounidenses sean detenidos indefinidamente sin que exista alguna especie de juicio o debido proceso, solo por el hecho de ser sospechosos de terrorismo. Al mismo tiempo, tenemos SOPA, la cual, si se aprueba, promulgaría un sistema en el cual, los sitios web pueden ser retirados de la red -de nuevo, sin alguna especie de juicio o debido proceso- estableciendo a la vez el monitoreo del tráfico de la Internet. Combine esto con cómo las autoridades han etiquetado a los movimientos Occupy -denominándolos como terroristas- y podrá usted ver hacia dónde se dirige esto.

En caso de que esto le recuerde a China y le sea similar a los regímenes totalitarios, usted no está solo. Incluso la Motion Picture Association of America, la MPAA [asociación estadounidense de productores cinematográficos] orgullosamente proclama que lo que ha funcionado para China, Siria, Irán y otros, debería funcionar para los Estados Unidos. La Gran Muralla Cortafuegos de China y sistemas similares de filtración son glorificados como soluciones útiles en lo que se supone sería el mundo libre.

El quid del asunto aquí es que a diferencia de antaño, donde los regímenes represivos elaboraban redes de policía secreta e informantes para monitorear las comunicaciones, todo lo que se necesita hoy es tener control sobre el software y el hardware que usamos. Nuestras computadoras de escritorio, tablets, teléfonos inteligentes, y toda clase de dispositivos juegan un papel en virtualmente, todas las comunicaciones. ¿Usted piensa que está fuera de peligro cuando se comunica cara a cara? Piénselo de nuevo. ¿Cómo concertó usted ese encuentro? ¿Lo hizo por teléfono? ¿En la web? ¿Y qué es lo que usted tiene en su bolsillo o cartera, siempre conectado a la red?

De esto es lo que Stallman nos ha estado alertando todos estos años, y la mayoría de nosotros -incluyéndome- nunca lo tomamos en serio. Sin embargo, a medida que el mundo cambia, la importancia de ser capaz de revisar qué es lo que hace el código que tiene su dispositivo (o que alguien más lo haga, en caso de no tener las habilidades) se muestra cada vez más evidente. Si perdemos la capacidad de comprobar lo que nuestra propia computadora está haciendo, estamos muertos.

Este es el verdadero núcleo de las creencias de la Free Software Foundation y de Stallman: que el software privativo le arrebata el control a la persona usuaria, lo cual puede llevar a consecuencias desastrosas, especialmente ahora que dependemos de las computadoras para virtualmente cualquier cosa que hacemos. El hecho de que Stallman haya previsto esto casi tres décadas atrás es notable y reivindica su activismo. Esto justifica los 30 años de la Free Software Foundation.

Y en el 2012, probablemente necesitaremos más que nunca del software libre y de código abierto. En el Congreso de Chaos Computer en Berlín el año pasado, Cory Doctorow hizo una presentación titulada “La Guerra Próxima en la Computación de Uso General” [The Coming War on General Purpose Computation]. En ella, Doctorow advierte que la computadora de uso general, y más específicamente, el control de las personas usuarias sobre las computadoras de uso general, es percibido como una amenaza por los grupos de detentan el poder. ¿Las guerras del copyright? No son más que un preludio para la verdadera guerra.

“Como miembro de la generación del Walkman, he hecho las paces con el hecho de que necesitaré un aparato de asistencia auditiva mucho antes de morir, y por supuesto, no será un aparato, será una computadora que insertaré en mi cuerpo”, explica Doctorow, “Así que cuando me suba a un automóvil -una computadora en la cual meto mi cuerpo- con mi asistencia auditiva – una computadora que insertaré en mi cuerpo- yo quiero saber que esa tecnología no está diseñada para guardar secretos ante mi o para prevenir que yo termine procesos en ellos cuando vayan en contra de mis intereses”.

Y esta es verdaderamente la esencia de todo. Con las computadoras haciéndose cargo de cosas como el escuchar, manejar, y más, realmente no podemos darnos el lujo de ser excluidos de ellas. Necesitamos ser capaces de echar un vistazo adentro y ver qué es lo que están haciendo para asegurarnos de no estar siendo monitoreados, filtrados o lo que sea. Hace tan solo poco tiempo yo habría declarado que esto es pura paranoia, pero con todo lo que está sucediendo recientemente, ya no se trata de paranoia. Es la realidad.

“La libertad en el futuro requerirá que tengamos la capacidad de monitorear nuestros dispositivos y establecer políticas significativas en ellos, para examinar y terminar procesos que corren en ellos, para mantenerlos como servidores honestos a nuestra voluntad, y no como traidores y espías trabajando para criminales, matones y locos por el control,” advierte Doctorow, “Y aún no hemos perdido, pero tenemos que ganar las guerras del copyright para mantener a la Internet y las computadoras libres y abiertas. Porque esas son las armas en las guerras que están por venir, no podremos pelearlas sin ellas”.

Por esto es por lo que usted debe apoyar Android (no a Google, sino a Android), aún si usted prefiere el iPhone. Por esto es que usted debe apoyar Linux, aún cuando use Windows. Por esto es que usted debe apoyar a Apache, aún si usted corre IIS. Llegará un punto en el que ser libre o abierto ya no será un beneficio divertido, sino una necesidad indispensable.

Y ese punto se está aproximando rápidamente.
¡Difúndalo!

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Nota:

Para información básica sobre SOPA, siga este enlace

Para información sobre la NDAA siga este enlace (artículo de opinión)

La Dictadura del “Todos los Derechos Reservados” (parte II)

Leer parte I

El motor

Este artículo surgió principalmente por una discusión que se dio en Facebook. Alguien compartió un poema de Luis Yuré y mencioné en los comentarios que era muy probable que eso incumpliera la voluntad de ese autor. Lo dije porque una tarde me di a la tarea de revisar cada uno de los libros de Yuré que están en la Librería Universitaria y todos contienen maldiciones dirigidas a quienes se atrevan a copiar o distribuir los poemas si no compran el libro. En ese muro, yo también recibí algunas maldiciones por parte de los fans del poeta en cuestión.

Se trata de frases similares a: “hemorragias nasales y ataques de lombrices a quien ose copiar este libro”. No puedo poner las frases textuales por dos razones: 1. En Costa Rica no existe jurisprudencia en torno al “uso justo” (Fair Use) del derecho anglosajón. La figura de “Fair Use” permite que en un escrito como éste, se coloquen extractos de una obra protegida por copyright restrictivo sin autorización del titular, siempre que se trate de un elemento necesario para fundamentar la argumentación. 2. No copié los nombres de los libros. Copié únicamente sus maldiciones y entonces no puedo hacer uso del derecho que todxs tenemos a citar las obras.

Se puede argumentar que en el año 2002 no eran conocidas las opciones que actualmente tenemos para compartir creaciones artísticas. Sin embargo, las maldiciones permanecen al menos en uno de los libros del 2009. Además, la rectificación del error (sobre todo en los libros editados por el mismo autor) bien podría resolverse con un sello y una almohadilla con tinta. Ojalá todos los errores que cometemos por ignorancia se pudieran remediar de forma tan sencilla.

Pero supongamos entonces que el autor no sabe lo que hizo. Muchos no saben lo que hacen cuando se trata de sus derechos de autor. Pasemos entonces a mencionar cuáles son las alternativas que tenemos y cóno funcionan.

¿Cómo reservar algunos derechos?

Recordemos que en general -a menos que indiquemos lo contrario por medio de una licencia específica- estaremos reservando todos los derechos automáticamente al crear la obra. Sin embargo, dentro del mismo marco legal es posible reservar únicamente algunos derechos, no todos. En ninguno de los casos se renuncia a la atribución, pues siempre deben mencionarse todos los nombres de las personas involucradas como autoras de la obra.

Por ejemplo, cuando yo publico una poesía debo tomar algunas decisiones:

  • ¿Permito que se comparta esa poesía? (que se coloque en un blog, en un muro en Facebook, que se fotocopie el libro). Si la respuesta es no, se trata de “Todos los Derechos Reservados” y ya no tiene caso seguir respondiendo.
  • ¿Otorgo autorización para que se hagan obras derivadas de ella? (por ejemplo, añadirle líneas y publicarla de nuevo con mi nombre junto al de la persona que añadió esas líneas).
  • ¿Permito que se haga un uso comercial de esa obra? (que se publique en un libro por el cual no recibiré pago monetario alguno, que se grabe como letra de una canción en un disco con fines de lucro, etcétera).
  • ¿Permito solamente que se use sin fines de lucro? (para leerla en un acto escolar, publicarla en un calendario de una asociación benéfica, etcétera).
  • ¿Quiero que se comparta de la misma manera? (con lo cual indico si estoy solicitando que quienes hagan uso u obras derivadas de la poesía usen la misma licencia de distribución, para que se respete mi voluntad inicial como autora de la obra o un fragmento de ella).

Todas esas preguntas están contenidas en el modelo de licenciamiento de Creative Commons (Bienes Comunes Creativos). Tal vez suene extraño, porque el concepto de bienes comunes nos ha sido arrebatado, pero son bienes comunes de otro tipo el aire, el espectro radioeléctrico, el agua (aunque haya intentos serios de privatización de ese recurso). La propuesta de fondo es, que la cultura y el conocimiento son bienes comunes y por lo tanto, se deberían proteger de una forma distinta que permita que todas las personas puedan aprovechar sus beneficios y crear más conocimiento a partir de esas fuentes. Para quienes piensan que se trata de la ruina de la economía, les presto la comparación entre ciencia básica y ciencia aplicada. La ciencia aplicada es el tipo de conocimiento particular que no necesariamente es un bien común y del cual se obtienen ganancias privadas y externalidades. En cambio, la ciencia básica y la investigación realizada con fondos públicos, son bienes que deben circular de la forma más abierta posible para que el conocimiento que generan pueda ser aplicado por la mayor cantidad de personas, lo cual implicará beneficios mucho más amplios.

Creative Commons no es la única opción, pero es la más difundida para compartir obras artísticas o académicas. Es un modelo heredero del licenciamiento que usa el software libre, el cual está orientado a brindarle mayores libertades y derechos a las personas usuarias de esos programas, en cumplimiento de la voluntad de quienes los desarrollaron.

Hay distintos niveles de acceso y el uso de esas licencias implica una responsabilidad, pero son una puerta posible para salir de la dictadura en la cual estamos. De ahí que sea importante difundir y vigilar. Son muchxs lxs artistas e investigadorxs que desconocen estas opciones y sin embargo, parecen tener la intención de compartir su trabajo. Sin embargo, no basta con una intención: cuando Perro Zompopo o El Parque permiten la descarga gratuita de su música debemos tener claro que legalmente nos están dando permiso para descargarla pero no para compartirla por ningún medio. Así de absurdo como lo leen, es el mundo en el cual vivimos.

Y antes que empiecen a pensar que morirán de hambre por “regalar” su trabajo, es importante aclarar que una licencia de libre distribución no implica que no se pueda vender un libro, un disco, cobrar por un concierto. Todas esas actividades se pueden hacer cuando se utilizan estas licencias. Se ha demostrado que la difusión de las obras aumenta considerablemente y eso en muchos casos crece también el volumen de ventas o contrataciones. Se trata de un ventajoso modelo de distribución que aprovecha las redes de personas y toma ventaja de la libre circulación y además, permite que los autores otorguen autorizaciones específicas (por ejemplo, permitir un uso comercial a determinada persona interesada).

Claro está, el éxito de estas alternativas depende de cuánto se conozca sobre las opciones y cuánto defendamos que se respeten los derechos de autor. Contrario a lo que podría suponerse, se trata de defender el derecho de quien crea una obra a que se le reconozca ese mérito, pero también de permitir que esa persona decida cuál es el nivel de acceso que desea brindar.

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Notas:

  • En Costa Rica, las licencias Creative Commons tienen su propio capítulo. Eso significa, que están ajustadas a la legislación nacional, con el fin de que los profesionales en leyes las comprendan e interpreten mejor. Sin embargo, como estas licencias están diseñadas con base en los convenios internacionales, no es indispensable que estén ajustadas en cada país, así que es posible usarlas en países sin capítulo específico. Para comunicarse con la comunidad CC en el país, puede hacerlo a través de su página en FB o al correo creativecommonscr(en)gmail.com
  • Antes de utilizar una foto, canción, o cualquier contenido que tiene una licencia CC, es importante entender bien la licencia que tiene y respetar la voluntad del autor o autora al colocar esa y no otra. Eso ayudará a no cometer errores, como colocar en una obra para la venta, una imagen cuya licencia no permitía usos comerciales o utilizar un texto con una licencia que exija “compartir igual” en una obra que se publicará con todos los derechos reservados.
  • Acaba de salir de imprenta un libro donde participo como co-autora. Pueden descargarlo de forma libre y gratuita siguiendo este enlace. Esta es la leyenda que tiene y nótese como incluye el Copyright de la UNAM con la licencia CC más abierta de todas: CC-BY-SA (se pide atribución y compartir igual, permitiendo obras derivadas y usos comerciales).