Gobierno oscuro y puertas cerradas

En junio de 2004, BBC Mundo publicó una nota sobre palabras difíciles de traducir. La ganadora -según los especialistas- fue “ilunga, en idioma Tshiluba de la República Democrática del Congo:

“”Ilunga” significa “una persona que está dispuesta a perdonar cualquier abuso la primera vez, a tolerarlo la segunda, pero nunca la tercera””.

Hoy, me he decidido no aceptar la tercera y escribir un post que tal vez debí escribir desde hace más o menos un mes.

En el año 2013, a partir de algunos tweets que publiqué sobre el tema de gobierno abierto en Costa Rica, tuve la oportunidad de conversar con Maikol Porras del proyecto de Gobierno Abierto, que en la administración que termina, fue impulsado por la Secretaría de Gobierno Digital. De ese encuentro surgieron algunas recomendaciones sobre cómo hacer partícipes a organizaciones “no encorbatadas”, algo que hizo posible que más adelante se conformara la Red Ciudadana por un Gobierno Abierto.

La conformación de la RedC, no tuvo como fin validar el Plan Nacional elaborado por la Secretaría y de hecho, nunca lo hizo. Sin embargo, pese a que las observaciones y correcciones que hicimos a ese documento nunca fueron atendidas, varias organizaciones y personas mantuvimos un trabajo conjunto con Maikol y con Alicia Avendaño, partiendo de que perseguíamos un objetivo común: impulsar mayor transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en el gobierno. Durante más de ocho meses, los tres representantes elegidos por las organizaciones integrantes de la RedC, asistimos a distintas reuniones y actividades. Nosotros, junto con otras personas integrantes, donamos nuestro tiempo, trabajo y conocimiento, a un proyecto de cooperación sociedad civil-gobierno que creíamos, llegaría a rendir frutos. El compromiso por parte del gobierno, era conformar una comisión interinstitucional en la cual, la sociedad civil agrupada en nuestra Red, estaría representada con tres espacios ocupados por quienes ya habíamos sido elegidos. Así se dijo y así se formalizó en dos borradores de Decreto Presidencial revisados conjuntamente con los demás integrantes de la Comisión, la cual funcionó de manera no oficial durante algunos meses mientras esperábamos que la Presidenta Chinchilla firmara el documento.

Este Decreto finalmente fue firmado por la Presidenta el 18 de marzo; pero para sorpresa nuestra, lo firmado no correspondía a lo que habíamos acordado. El día anterior, después de las 7 de la noche, dos de los representantes de la RedC ante la Comisión, recibieron invitación para asistir al acto de firma. Yo no recibí invitación. Las dos personas que asistieron, nos informaron luego del acto, cómo se habían cambiado los representantes de sociedad civil, algo que pudimos confirmar días después al leer el Decreto. Se irrespetaba así todo el proceso y se hacía claro que una vez más, se había utilizado a la sociedad civil para legitimar proyectos de gobierno que se quedaron en el mero discurso.

¿Por qué no denunciamos esto en su momento? La RedC redactó un comunicado que no salió a la luz pública. Y no salió, porque en primer lugar, no tenía sentido alguno pedir respeto a un gobierno que ya había pisoteado los principios que decía defender: participación, transparencia y respeto a la ciudadanía. Pero por otro lado, en lo personal, no creo en empezar luchas que solo durarán una batalla. El camino de la RedC no ha rendido los frutos que desde mi experiencia, requiero para asumir un compromiso que no se convierta en remar sin rumbo definido. Admito que también pesó, el escaso apoyo al tema de Gobierno Abierto que recibimos por parte de la ciudadanía activista en redes sociales. Evidentemente es un asunto de doble vía, pero si quienes cuentan con la educación, la tecnología y el acceso para comprender la importancia de este tema no hacen un retweet o dan un like, ¿qué tan lejos estamos de alcanzar a los grupos que no cuentan con ese acceso? La cuesta está demasiado empinada y lamentablemente, ya no tengo veinte años.

¿Por qué estoy contando esto ahora? El 4 de abril llegó a mi correo una invitación formal del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la lnformación y Opinión Pública (PROLEDI) “en coordinación con el Programa Sociedad de la lnformación y el Conocimiento (PROSIC) -ambos de la Universidad de Costa Rica- y el Colegio de Periodistas (COLPER)” para participar como panelista en el foro: “Derecho a la Comunicación y Nuevas Tecnologías”, específicamente en la mesa sobre “Gobierno Abierto: Políticas Públicas y Participación Ciudadana”. Sabiendo que podría haber complicaciones con la Secretaría de Gobierno Digital (organización participante de la misma mesa), conversé por teléfono con una de las organizadoras para manifestarle que habría alguna polémica, pues la relación con esta instancia y con el gobierno en general, se había roto. Se me informó que no habría problema y que el espacio estaría abierto para que expusiéramos lo sucedido.

Hace unos días, se me contactó para pedirme mi perfil profesional y solicitarme detalles sobre mi presentación. Todo parecía seguir el rumbo normal hasta que el viernes pasado, por medio de una llamada telefónica, se me informó que era posible que se cancelara el evento “porque no había personas inscritas para asistir”. Manifesté entonces que había aún cuatro días para hacer una adecuada divulgación de la actividad y que esto jamás me había sucedido en ninguna conferencia en la que participara. Por la tarde, recibí otra llamada indicando que la mesa se había cancelado y que no tenían razones para explicarlo porque quien me llamaba era la secretaria.

Por eso, me decidí a escribir esta entrada, porque se trata nada más y nada menos, que del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la lnformación y Opinión Pública (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica y porque no es irrelevante que se cierre un espacio de discusión sobre Gobierno Abierto, precisamente cuando aún estamos a tiempo de que el nuevo gobierno enmiende y aprenda de los errores del pasado.

¿No tenía más sentido mejorar la convocatoria, invitando incluso a las nuevas autoridades gubernamentales? ¿No había aún tiempo suficiente para difundir el evento en lugar de cancelarlo? ¿Es que acaso existieron otras razones? ¿Ha sucedido antes que se cancele una actividad ya confirmada y divulgada por distintos medios informativos?

Ilunga. Tal vez el PROLEDI esté recibiendo parte de la indignación que corresponde dirigir hacia doña Alicia Avendaño de la Secretaría de Gobierno Digital y a doña Laura Chinchilla, pero tendrán que admitir que es por lo menos desafortunado, que una vez más se irrespeten los espacios de expresión y participación de la sociedad civil mientras las bocas se siguen llenando de palabras vacías.

En un siguiente post que estoy elaborando, expondré los ejes temáticos que pensaba compartir en el foro del martes. Espero que se tomen en cuenta al valorar cómo proseguir con el compromiso del país con la OGV y cuáles son los retos que tenemos, si realmente queremos avanzar hacia un verdadero Gobierno Abierto.

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Este correo llegó a mi buzón a las 18:19 del viernes:

“Buenas noches,

Aclaramos que la Mesa sobre Gobierno Abierto del Foro Derecho a la comunicación y nuevas tecnologías se  pospuso para re programarla como una actividad  única para el mes de junio y garantizar mayor asistencia de público.

Esperamos contar con su presencia en esta oportunidad. Estamos buscando Auditorio para programarla.

Saludos,
Giselle Boza Solano”

Yo sigo buscando la disculpa y una explicación convincente. Me avisan ustedes si la encuentran.

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