Gobierno Abierto: mi contribución para un mapa de ruta

Intento con este post, contribuir con el nuevo gobierno y su compromiso con la transparencia. Dado que este es un tema recurrente en los discursos del presidente Solís, de los diputados del PAC y de los ministros, me pareció importante compartir mis posiciones y recomendaciones. Soy consciente de que esta es una visión limitada, parcial y personal sobre el tema pero confío en que al menos, ayude a aclarar un poco el panorama antes de comenzar a trabajar en este eje.

En breve: ¿qué está pasando en el tema de Gobierno Abierto?

La Secretaría de Gobierno Digital ha tenido a cargo el proyecto de cumplir con los compromisos asumidos por Costa Rica al unirse a la Open Government Partnership. Existe ya un Plan de Acción en ejecución, el cual ha tenido un nivel de cumplimiento satisfactorio pero que lamentablemente, se centra principalmente en gobierno electrónico y apenas roza lo que realmente sería Gobierno Abierto. Esto ha sido señalado por distintas organizaciones no gubernamentales y por ciudadanía en general en los procesos de consulta abiertos para observaciones. Hasta el momento, no se ha notificado cuáles de esas observaciones se están tomando en cuenta. Además, como mencioné en una entrada anterior, la relación con la sociedad civil organizada en la Red Ciudadana por un Gobierno Abierto ha sufrido un claro deterioro y queda pendiente conocer si la nueva administración piensa retomar la Comisión Interinstitucional creada por Laura Chinchilla o si enmendará el error y dará marcha atrás al Decreto que la conforma.

Por otro lado, existe un Proyecto de Ley sobre acceso a la información pública. Más allá de sus carencias en cuanto a formatos establecidos, tiempos prudenciales de entrega, la inexistencia de condiciones especiales para información sobre medio ambiente y la poca claridad con respecto a la información de entidades privadas que manejan fondos y asuntos públicos; el más importante de los retos lo constituye el que en el país no existe una instancia encargada de dar seguimiento para que esta legislación se cumpla efectivamente. Estas y otras debilidades fueron planteadas ya por distintas organizaciones y por especialistas internacionales en un taller de trabajo realizado en el 2013, aunque la documentación de las mismas no se haya hecho pública.

La Defensoría de los Habitantes, en el marco de la Red Interinstitucional de Transparencia, tiene un pequeño proyecto sobre datos abiertos y acceso a información, coordinado desde la oficina de la Defensora. Si bien, los indicadores construidos son un buen comienzo, una vez más esa iniciativa depende de la voluntad de la Defensora y del compromiso de algunos funcionarios, sin que exista presupuesto ni apoyo suficiente para asegurar la continuidad. Por otro lado, a menos que esos indicadores se incluyan en la evaluación que el INCAE ha venido realizando año con año a los sitios web de instituciones y gobiernos locales, el tema de datos abiertos y acceso a información pública seguirá estando en un segundo plano.

La Contraloría General de la República ha hecho un importante esfuerzo para revelar a la ciudadanía, la información sobre presupuestos y gastos de las instituciones. Lamentablemente, no todas las instancias gubernamentales reportan a la CGR, de manera que sigue existiendo un reto importante. Por otro lado, como ya hemos recomendado, es importante que se abran espacios para que la ciudadanía haga uso de esa información y realice una contraloría ciudadana que ahorre a esta instancia algunos recursos para fiscalización y dé oportunidad de usar de manera activa, la información presentada en la plataforma de la CGR.

En cuanto a otros datos abiertos, existen algunos sitios web de gobiernos locales y otras organizaciones gubernamentales que cuentan con una plataforma para mostrarlos. Este esfuerzo sin embargo, en general ha pasado desapercibido para la ciudadanía y no ha tenido el impacto esperado. Una de las razones que en mi opinión podrían explicarlo, se relaciona con las categorías de información que las organizaciones han seleccionado para mostrar. Si los datos abiertos no son relevantes ni oportunos, no existirá interés suficiente para exigirlos ni hacer uso de ellos.

Desde otros espacios, organizaciones como la Red de Control Ciudadano ha venido realizando auditorías ciudadanas a servicios de salud. Esta y otras experiencias similares constituyen ejemplos que sería importante retomar, si realmente se quiere alcanzar mayor participación de toda la ciudadanía -conectada a Internet o no- en los procesos de consulta, mejora de servicios e identificación de prioridades.

¿Y por dónde empezar?

Gobierno Abierto es mucho más que gobierno digital o electrónico. El electrónico, se preocupa por aprovechar las TIC para brindar mejores servicios a la ciudadanía y vincularse más con ella, pero siempre desde una lógica de proveedor-cliente que coloca al “cliente” como ente pasivo más que un co-gestor. Ejemplos de esto son las contralorías de servicios que son apenas buzones de sugerencias sin respuesta ni seguimiento, notificaciones o información sin utilidad práctica, transacciones en línea para simplificación de trámites. Estos procesos pueden agotarse en ese nivel o impulsar avances hacia un gobierno abierto que no solo tenga la transparencia y rendición de cuentas como ejes transversales en todas las instituciones, sino que permita a la ciudadanía participar de manera activa. Esto permitiría romper con el esquema de ver a la ciudadanía como un ente pasivo que recibe información que no contribuye a la fiscalización y que no le permite exigir el seguimiento a las denuncias que podrían presentarse a partir de ella o realizar propuestas de mejora.

Desde esta perspectiva, es importante que se comprenda, que el eje de apertura TIENE que estar incorporado en la planificación de cualquier inciativa de tecnología que se implemente y que no puede separarse del reordenamiento que con carácter de urgencia, debe hacerse en el esquema gubernamental de gestión de tecnología. Por un lado, es necesario que el programa de Gobierno Abierto se coloque en un nivel alto de prioridad pero por otro, es indispensable que se asigne a las instancias correctas. Desde mi perspectiva, así como se requiere que el MICITT o alguna organización específica asuma la elaboración, impulso y seguimiento de la política nacional sobre gestión de tecnología en el sector público; corresponde a esta misma instancia, asumir el esfuerzo de Gobierno Abierto. La Secretaría de Gobierno Digital debería entonces ser incorporada dentro del esquema del Ministerio, o cambiar de nombre para que exista mayor claridad sobre su verdadero rol dentro del ICE y la venta de servicios al gobierno. Mención aparte merecería el caso de la plataforma Mer-Link pero eso excede los objetivos de este post. De igual manera, proyectos como el de simplificación de trámites, debería continuar ligado al MICITT en conjunto con el MEIC y no individualmente en este último como parece estarlo en la actualidad.

¿Puede el MICITT actual asumir estos retos? No. Este ministerio no tiene el músculo político ni el presupuesto que lo permita y eso debe cambiar, si realmente queremos que la ciencia, tecnología e innovación se fortalezcan en el país. Si hablamos específicamente de Gobierno Abierto, convendría explorar si es posible que cada una de las instituciones incorpore este eje dentro de su presupuesto de manera obligatoria, con el fin de que el proceso cuente con recursos de los cuales, pueda disponer el MICITT o la instancia que asuma este eje. El uso de estos recursos tendría que estar alineado dentro de un plan integral que evite iniciativas desarticuladas que pese a sus buenas intenciones, constituyen un mal aprovechamiento de los recursos y aumentan las dificultades que ya tenemos en términos de interoperabilidad entre sistemas. En este sentido, un buen punto de partida sería trabajar conjuntamente con MIDEPLAN y su programa de Contralorías de Servicio. El personal a cargo -a pesar de las limitaciones de recursos- muestra enorme interés en fortalecer estas instancias y en articular esfuerzos para su mejoramiento.

Por otra parte, Gobierno Abierto es mucho más que el componente tecnológico. No solo se debe contemplar que sigue existiendo una brecha digital importante en el país, sino que la participación ciudadana en línea no necesariamente es el mecanismo idóneo para ampliar los niveles de involucramiento popular en la toma de decisiones. Otro elemento fundamental es la resistencia -muchas veces justificada- que existe entre los funcionarios y funcionarias en algunas organizaciones de gobierno, ya que no existe claridad sobre la importancia, los riesgos y los procedimientos apropiados para ejercer la transparencia. Además, sin un adecuado proceso de capacitación en distintas herramientas para analizar y compartir la información con la ciudadanía, lo máximo que lograremos es disponer de datos en formatos no estándares y poco amigables que entorpezcan su análisis o contar con información poco atractiva o de difícil comprensión.

Me permito como cierre, hacer una recomendación más: pedir a los funcionarios y funcionarias una apertura automática en estas circunstancias, no solo es poco realista; es generar mayores resistencias y complicar de más, un proceso que de por sí no será sencillo. Por supuesto que es posible tomar medidas inmediatas y nos corresponde a todos asumir nuestro rol, pero hagámoslo cuidando tanto la forma como el fondo.

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