Un vistazo al Plan de Acción de Gobierno Abierto de Costa Rica

Costa Rica se unió a la Open Government Partnership (Alianza para el Gobierno Abierto) en enero de 2012. Esta iniciativa fue lanzada por el presidente estadounidense Barack Obama y ha sido adoptada ya por 55 países en todo el mundo.

En este momento, Costa Rica está planteando los compromisos del país y para esto, se realiza una consulta pública que permanecerá abierta hasta el 8 de marzo próximo. Lo que se propone básicamente, es: “promover la transparencia y la rendición de cuentas elementos esenciales para la gobernabilidad democrática, aumento de la competitividad y fortalecimiento del estado de derecho” (se debe corregir a Estado). En el documento, se menciona que el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 indica que la eficiencia y eficacia del sector público tiene como uno de sus fines, el fomentar la participación “mediante la construcción de agendas de desarrollo basadas en el diálogo y la integración (PND)“. Pero inmediatamente indica que los esfuerzos se enfocarán en:

  • Mejorar los servicios públicos,
  • Aumentar la integridad pública,
  • Administrar los recursos públicos con mayor eficacia
  •  Mejorar la rendición de cuentas

Resalta el hecho de que el componente de participación ciudadana no esté colocado como un énfasis y que se añada el aumento de la competitividad como uno de los puntos importantes. Esto mismo se observa al leer todo el documento: hay demasiados componentes de Gobierno Digital. Esto tiene un sentido: existe algún nivel de relación entre una cosa y otra, porque entre más enmarañados estén los procesos internos y burocráticos, menos posibilidades de transparencia tendremos. Visto así, es comprensible que lo prioritario sea mejorar la gestión de las organizaciones gubernamentales pero ¿se está concibiendo esta carta de compromisos como una primera fase?  Es visible la intención de que la sociedad civil se involucre pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿a qué le llaman sociedad civil? ¿con cuáles grupos están trabajando? No estoy muy clara y me surgen varias preguntas:

  • ¿Cómo es que mejorar los servicios públicos hace más abierto al gobierno?
  • ¿Cuál será la incidencia que tendrá la ciudadanía en la toma de decisiones, en las medidas a tomar a partir de faltas a la integridad, al mal manejo de los recursos públicos?
  • ¿De qué sirve la rendición de cuentas si se coloca a la ciudadanía en un lugar pasivo que recibe informes pero no sabe o tiene medios para hacer algo con esa información?

Se habla de los logros del e-gobierno en Costa Rica, mencionando varios de ellos que no puedo evaluar a profundidad. Hablaré únicamente lo que se enuncia como logros en transparencia: el compromiso con la OGP (el cual no constituye un logro en sí, sino una carta de intenciones) y el portal de datos abiertos.

Sobre el portal, habría que evaluar seriamente:

  • ¿Se han realizado campañas para difundir su existencia?
  • ¿Cuáles son los beneficios que la ciudadanía obtiene al usar el portal?
  • ¿Están realmente los datos relevantes para la transparencia y rendición de cuentas?

Ejemplos: portal de datos abiertos y gob.cr

Me centraré en un ejemplo que responde a la última pregunta. Ingresen a http://datosabiertos.gob.go.cr/home/ y busquen datos de la CCSS. ¿Qué muestra? Las estadísticas de contagio del dengue. ¿Es esa la información que requerimos para exigir que nos ridan cuentas? Evidentemente no. Un portal de datos abiertos puede o no contener la información epidemiológica, pero debe informarnos sobre gastos, contrataciones, proyectos, resultados. Algunos de esos datos se encuentran en los sistemas abiertos de la Contraloría General de la República pero no en el portal de datos abiertos. El de la CGR además, hace difícil que cualquier persona usuaria encuentre lo que busca y pueda generar relaciones que permitan evaluar la información. Nos falta mucho para que eso pueda ser considerado como un logro.

Otro punto importante, es que los “portales” de datos abiertos del sector público están construidos en una plataforma propietaria contradada a un mismo proveedor, lo cual pone en entredicho que se esté realizando una inversión sostenible, autónoma y rentable para los contribuyentes. Construir una plataforma propia, cuyo código sea abierto y pueda compartirse entre las distintas instituciones sin pagar por un servicio sería mucho más estratégico.

Acerca de gob.go.cr ya mucho se ha dicho. ¿Para qué necesitamos un buscador si ya tenemos a Google? No quiero decir más. Tal vez, es posible que a lo mejor, ¿quién sabe? para alguna gente este portal constituya una puerta de entrada más accesible y más fácil de usar. No tengo cifras para decirlo y menos, tengo estadísticas de uso.

Mi perspectiva sobre los compromisos

Voy a referirme únicamente a los compromisos que desde mi perspectiva, tienen una relación directa con el gobierno abierto. Me saltaré los que tienen relación únicamente con simplificación de trámites, que como ya dije, no están lejos del GA pero no necesariamente contribuyen a cumplir con los objetivos. Tomen en cuenta que esto no es un análisis exhaustivo y que no formo parte del proceso de redacción del Plan. Lo que sé, es lo que dice el documento que les “resumo” ahora.

El eje 3.1 habla de mejorar los servicios públicos:

3.1.1 Potenciar y fortalecer el Portal Ciudadano. (www.gob.go.cr): Aunque igual habla de trámites, incluye el compromiso de convertirlo “en una herramienta interactiva de intercambio de información y realización de trámites personalizada entre el gobierno y el ciudadano. Sumado a estos esfuerzos se buscará por medio del esquema de interoperabilidad y datos abiertos promover la integración de los procesos relacionados con servicios digitales y utilizar plataformas y sistemas de información comunes, a efecto de propiciar el uso de bases de datos crudas por la sociedad“. Incluye campaña de divulgación.

3.1.4 Fomentar el uso de la plataforma “En tiempo”: “los ciudadanos pueden solicitar la aplicación del silencio positivo cuando realizaron un trámite y su gestión no fue atendida en el periodo señalado en la respectiva legislación para resolverlo“. Tiene alguna relación con redición de cuentas de los funcionarios públicos. Es necesario que la campaña de divulgación se cambie. Lo primero que se requiere es lograr que la gente entienda el concepto de silencio positivo y después, cómo puede obtenerlo.

3.1.7 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Contralorías de Servicio:Se pretende durante el año 2013 fortalecer el Sistema Nacional de Contralorías de Servicios por medio de una campaña de divulgación sobre sus funciones como oficinas de “servicio al cliente” dentro de las instituciones públicas del país y los mecanismos a los que puede acceder los ciudadanos a través de ellas para plantear quejas, denuncias y sugerencias“. Pregunta: ¿Por qué no en línea? ¿por qué no se hace por medio de procesos abiertos donde podamos calificar instituciones, dar sugerencias, retroalimentarnos con otros ciudadanos? ¿Qué tal un premio a la calidad del servicio, que sea votado por todos y no solo por las cámaras?

En el eje 3.2 de aumentar la transparencia y mejorar la rendición de cuentas:

3.2.1 Implementar la Apertura del Presupuesto Público:desarrollar una plataforma que permita el control del ciudadano sobre el gasto público, con base en el seguimiento al presupuesto nacional, desde su formulación hasta su ejecución. La plataforma utilizará datos abiertos que también serán accesibles para la sociedad civil y se visualiza como una solución multicanal (Web y móvil)“. Excelente, pero ¿nos darán los datos crudos o un enlatado? Queremos datos crudos en formatos abiertos. Otra cosa sería una mera pose que representaría obstáculos importantes para el análisis de los datos.

3.2.2 Implementación del Índice de Transparencia de las instituciones públicas de Costa Rica:La Defensoría de los Habitantes a través de la Red Interinstitucional de Transparencia (http://www.dhr.go.cr/transparencia.html) lanzará en el segundo semestre del 2013 el Índice de Transparencia de las instituciones públicas de Costa Rica, con su respectiva metodología de medición con criterios objetivos de calificación en asuntos como acceso a la información, correcta administración de los recursos públicos, promoción de la participación ciudadana y la rendición de cuentas“. Excelente.

3.2.3 Presentar a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública:para el mes de agosto del 2013 se presentará a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, que será trabajado en una comisión interinstitucional presidida por el despacho del Primer Vicepresidente de la República, con representación de la sociedad civil y con el apoyo de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ)“. ¿Cuál es esa sociedad civil? ¡Tenemos que involucrarnos! Este proyecto es de suma importancia para muchos ejes que necesitamos trabajar. ¿Cómo podemos involucrarnos? Si averigüo, les cuento.

3.2.4 Definir e implementar la política nacional de datos abiertos:será una prioridad para el primer semestre del año 2013, establecer una metodología de extracción, procesamiento, publicación y actualización de datos en las instituciones públicas; así como definir los parámetros para publicar datos en formatos abiertos y estándares; todo con el objetivo de emitir en el año 2013 una política de datos abiertos en Costa Rica (…) El objetivo es emitir una recomendación general a nivel país de los mejores sistemas y plataformas a utilizar, los estándares mínimos para adquirir un determinado sistema y la sujeción de cualquier sistema a la política nacional de datos abiertos“. Lo mismo: debemos estar atentos. ¿Están apoyando las universidades estatales este proceso? No lo sé, pero sería bueno que lo hicieran.

3.2.5 Actualización de micro sitios institucionales de datos abiertos y ampliación de la cantidad de instituciones que apuestan por la apertura de datos: ¿El problema? Están poniendo la carreta adelante de los caballos. Si aún no se define la política, lo mínimo que debemos exigir es que no se hagan contratos a largo plazo para las plataformas actuales.

3.2.6 Difusión del concepto y filosofía de Gobierno Abierto a lo interno de las instituciones públicas, la ciudadanía y la opinión pública, incluyendo:

  • Taller de datos abiertos para las instituciones públicas: marzo-abril del 2013.
  • Conferencia de alto nivel sobre Gobierno Abierto y Open Data: julio-agosto del 2013.
  • Divulgación en medios de comunicación y redes sociales, tanto nacionales como internacionales, los avances que se van generando con respecto al Plan de Acción, publicar estadísticas y los resultados producto del seguimiento a cada compromiso.
  • Divulgación del Plan de Acción en la Red Interinstitucional de Gobierno Digital
  • Divulgación en el Congreso Anual de Gobierno Digital
  • Taller de Gobierno Abierto para candidatos presidenciales

Hmmm, yo pido más. Ese componente de divulgación en redes sociales y medios no puede ser solo de los avances del plan de acción. Necesitamos campañas de sensibilización, un módulo educativo para el MEP, kioscos informativos en las actividades que organizan los Gobiernos Locales. Necesitamos menos propaganda y más educación.

3.2.7 Desarrollo del manual para el uso de redes sociales en las instituciones públicas de Costa Rica. Pues sí, ojalá todas las instituciones las utilizaran adecuadamente.

3.2.8 Empoderamiento de la población a través del acceso a la información y de los espacios de participación ciudadana:Con este compromiso se busca abrir espacios de participación a la sociedad civil para que puedan comunicar sus requerimientos, ayuden a definir qué tipo de datos pueden ser publicados en el corto plazo y de manera gradual por las instituciones públicas, contribuyan en la formulación y evaluación de políticas públicas, etc. El desarrollo de estos mecanismos busca generar un ecosistema colaborativo entre el sector público, el sector privado, la academia y la sociedad civil; generación de valor social a partir de datos públicos abiertos y eficiencia en la transparencia proactiva. A corto plazo, se buscará el compromiso de la sociedad civil para colaborar con el lanzamiento de una plataforma “Yo propongo” en coordinación con la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa“. De nuevo, sociedad civil somos nosotros ¿eh? Así que entrémosle a este tema.

3.2.9 Seguimiento de la primera Hackathon de Datos Abiertos y la realización de más eventos de este tipo. La hackaton, más que realizarla en alianza con una empresa privada (aunque no se debe descartar eso) debe hacerse en coordinación con universidades, colegios técnicos, etcétera. Se requiere juntar a muchos sectores para que a hackaton tenga mayor incidencia. Esto evidentemente debe convocar a la sociedad civil, organizada o no.

En el eje 3.3 para administrar los recursos públicos con mayor eficacia

3.3.3 Desarrollo del Proyecto “Seguridad Ciudadana Digital”: “El objetivo es disponer de una solución basada en tecnologías de información y telecomunicaciones que permita al Ministerio de Seguridad realizar las operaciones policiales en forma eficiente y efectiva para la disminución y prevención de la delincuencia recibiendo colaboración de la sociedad civil“.

En resumen:

  • El Plan de Acción contiene muchas iniciativas importantes que considero bien orientadas.
  • La sociedad civil aparece en el Plan como un actor pasivo, con excepción del Proyecto de Ley, la hackaton, el portal de seguridad ciudadana (en el que es un mero informante) y mi componente favorito del plan: el portal Yo Propongo. Marqué con rojo esos elementos.

Mis recomendaciones:

  • Las campañas de divulgación deben profundizarse para que sean educativas. Convenios con el MEP, Gobiernos Locales, universidades son una vía posible para que el tema sea comprendido y asimilado en la cultura política. Una campaña de vallas en los buses y un par de folletos no son la respuesta.
  • Se deben generar mecanismos abiertos y participativos para el diseño de las plataformas que van a interactuar con la ciudadanía de forma directa.
  • Se debe contratar el desarrollo de una plataforma para datos abiertos que puedan usar todas las instituciones en lugar del servicio que se usa actualmente. Construida una, si se contrata bien y se pide el código fuente (como debe ser), todas las instituciones podrán usar la misma y eso facilitará el análisis de los datos, el ahorro de recursos y el trabajo colaborativo entre instituciones. Evidentemente, la plataforma debe brindar los datos en formatos abiertos y en crudo.
  • Eso mismo deberá ocurrir con todos los portales desarrollados. El portal Yo Propongo debería integrar a gobiernos locales con gobierno central e instituciones descentralizadas.
  • La política de datos abiertos debe contar con el aporte de expertos no solo en bases de datos, formatos y componentes técnicos, sino con personas con experiencia en la interacción y el diseño de experiencia. No solo es importante cómo son las plataformas por dentro, sino cómo será la interfaz de interacción y cuáles son los escenarios de uso.
  • Por último ¡usen las redes sociales como su focus group! Creo que muchas personas estaríamos dispuestas a participar, probar, dar nuestra opinión y ayudar a mejorar este Plan. Tal vez no mucha gente vaya a opinar por el proceso formal que cierra el 8 de marzo pero seguramente lo harían si se proponen otros mecanismos.
  • Un detalle importante es que todo esto se espera realizar en periodos cortos. Las metas a más largo plazo son para el 2014. Estos procesos deberían ser participativos, aunque eso implique que tome más tiempo. De poco sirve abrir el gobierno si la ciudadanía no se involucra desde antes de que el plato esté servido. Cada uno de estos proyectos es grande y desconozco cuánto personal se ha asignado a ellos pero son ambiciosos. ¿Cómo cumplirán con las fechas? Ni idea. Espero que no sea subcontratando. ¿Por qué? Porque no se logra que un tema cale en la institucionalidad y la cultura política de un país, si se construye desde afuera, como un producto empaquetado.

Gente: este tema es fundamental. Más allá del tema central de su trabajo, activismo o interés. Que el  Gobierno Abierto sea la base de una transformación profunda de nuestra democracia representativa depende de nosotros, no del gobierno. Es nuestra responsabilidad como ciudadanía, involucrarnos y sacarle el jugo a estas propuestas.

 

Esto tiene un nombre

Está abierta la convocatoria para hacer observaciones al Plan de Acción Costa Rica 2013-2014 de la Alianza para el Gobierno Abierto. Costa Rica se incorporó a esta iniciativa en enero del 2012 pero no ha elaborado sus compromisos. Desde hace unos días y hasta el 8 de marzo, todos estamos invitados a enviar nuestros comentarios y sugerencias. La fecha límite no la indican claramente y ya solicité que la incorporen. La respuesta en twitter fue: “la incluiremos a la brevedad” (19 de febrero 11:00 a.m.). Ya veremos.

Por ahora, ¿qué he encontrado? No sé cómo llamarlo:

Captura del Plan de Acción Costa Rica 2013-2014

Entiendo que no se quiera inventar el agua tibia y que alguien dijera: ¿por qué no nos basamos en los planes de otros países? pero ya que Costa Rica no es una federación, encontrar la fuente de este párrafo no fue tan difícil:

Captura del Plan de Acción Nacional EEUU, 20 de setiembre de 2011

Ojo, no estoy criticando el plan completo porque aún no lo he revisado. No comprendo, eso sí, cómo es que coinciden los dos años y medio, ni dónde están todas esas iniciativas maravillosas equiparables a las de la administración Obama. Pero por ahora, tengamos esperanza.

Espero hacer algún otro reporte cuando lo analice a fondo. Por ahora, solo quería compartirles mi tristeza, frustración y estado de #PLOP.

¿Por qué no apoyo la reforma de “Fotocopiar para Estudiar”?

Para mucha gente ha sido una sorpresa, mi negativa a apoyar la reforma a la Ley de Derechos de Autor que pretende otorgar a los estudiantes, el derecho a sacar fotocopias de materiales que necesitan para estudiar. ¿Cómo, una defensora del conocimiento abierto, puede oponerse a algo así? La respuesta simple es: porque ese derecho ya existe y constituye una de las excepciones al derecho de autor que nuestra ley contempla. La respuesta complicada es: porque el conocimiento abierto, el software libre y la cultura libre dependen de que se respeten los derechos de autor. También, porque esta reforma de visión cortoplacista desperdicia la oportunidad de enmendar a profundidad las leyes nacionales sobre estos temas.

Sobre la respuesta simple: aunque la redacción sea confusa y desactualizada, nuestra ley de derechos de autor contempla la reproducción con fines académicos sin fines de lucro como una excepción, lo cual quiere decir, que es permitida bajo ciertas condiciones: 1. Debe ser sin fines de lucro; 2. No debe dañar el normal comercio de la obra (es decir, no puede clonarse ni copiarse un libro completo porque eso afecta los intereses de la editorial y del autor de la obra); 3. Debe indicar los créditos y otros datos de la obra (¿Quién no ha recibido una antología mal hecha que imposibilita saber quién es el autor del  capítulo? ¿Eso beneficia al autor? ¿Le respeta?).

Entonces ¿Por qué tanto alboroto?

1. La culpa es de las editoriales

Las casas editoriales se han dedicado a desinformar a la población y a perseguir a los negocios de fotocopias. Esto ha generado el malentendido de que se persigue a los estudiantes y aunque el efecto práctico lo parezca, es diferente. Pero ojo, que esta desinformación no es solo responsabilidad de las editoriales. ¿Qué mejor campaña de desinformación que la que estamos viendo en los medios? ¿Qué mejor manera de hacerle el favor “a enemigo” que decirle a la gente que sin esta reforma no tienen derecho a fotocopiar?

2. La culpa es de las editoriales y de la complacencia del aparato estatal

El precio de los libros en Costa Rica es absurdamente alto y el libro es un artículo de lujo que pocos podemos pagar. ¿Se ha hecho algo para mejorar esta situación? Nada. ¿Ha obligado la reforma actual a las editoriales a sentarse a la mesa de negociación? No. ¿Dónde están las editoriales, causantes de todo este embrollo? Ni idea. Calladitas y felices con la campaña gratuita de desinformación.

La complacencia del aparato estatal no termina con el precio de los libros, también pasa por haber permitido la persecución a los fotocopiadores sin intervenir para aclarar los malentendidos.

3. La culpa es del sistema legal que no se adapta a las nuevas realidades

Hasta antes de la aparición de la fotocopiadora y posteriormente, del formato digital, todas las personas dependíamos de las editoriales, casas disqueras y distribuidoras de productos culturales. Actualmente, muchos de nosotros podemos tener una imprenta en casa (llámese procesador de textos + impresora) o de plano, ni la necesitamos (leer en la pantalla, compartir un PDF, MP3, etcétera). Es cierto que el acceso a un equipo de cómputo no es la norma pero es claro que la tendencia hacia el formato digital no se va a detener. El debate de fondo entonces es, cómo diferenciar qué constituye un delito penal y qué no.

El problema que “resuelve” la reforma actual: fotocopiar con fines académicos es legal, pero cobrar por las fotocopias no lo es

Al incluir una ganancia, la actividad con fines académicos por parte del estudiante (a quien nadie puede perseguir por ese hecho) convierte esa actividad en una con fines de lucro por parte de la empresa de copiado. Es decir, el tema aquí es ¿cuántos estudiantes tienen acceso a una fotocopiadora que no les cobre más que el costo? Ninguno. ¿Y entonces, cómo ejercemos nuestro derecho a fotocopiar con fines académicos si no tenemos el aparato? Ese es precisamente el punto que la reforma pretende resolver, de una forma que yo llamaría, desafortunada.

No se mata un elefante con un matamoscas

El debate sobre derechos de autor y el acceso al conocimiento y la cultura es muy complejo (el elefante) y va mucho más allá de otorgar un permiso a los negocios de fotocopiado (el matamoscas). ¿Por qué debemos reformar la ley de derechos de autor para otorgar un permiso especial a un tipo específico de negocio? Que me respondan los legisladores, que para eso les pagamos. ¿Qué se resuelve con eso? El ingreso mensual del negocio de fotocopias. Si se resuelve algo más, les agradezco que dejen la idea en los comentarios.

Tampoco se mata una mosca con un elefante

Al defender un extraño y cuestionable derecho a lucrar haciendo copias de materiales protegidos por el derecho de autor (la mosca), la solución que encontraron los legisladores (porque el voto fue unánime y entonces la culpa no es solo del diputado Villalta) fue eliminar las penas de cárcel para todas las infracciones al derecho de autor de obras literarias, artísticas y científicas. Entiéndase, no solo el libro de química general de un autor que ya está pensionado y tal vez estará feliz de que su libro se siga multiplicando; se  eliminan las penas de cárcel contra organizaciones, empresas, individuos que lucren con las obras del sector creativo del país. ¿Nos parece excesiva una pena de cárcel en ciertos casos? Es un tema importantísimo, pero no se resuelve con un parche.

Como promotora del conocimiento abierto y la cultura libre, abogo porque los creadores compartan sus obras y comprendan que el conocimiento que construyen se basa en el de muchas otras personas que estuvieron antes que ellos. Sin embargo, defiendo por completo el derecho que tienen para decidir cómo quieren distribuir su obra. Quienes programan software libre, decidieron compartir ese programa y es el sistema legal el que defiende sus intereses y los de la colectividad que se beneficia de su trabajo. Pero aquellos inventores, artistas, académicos que no quieren dar acceso abierto a sus obras, también tienen derecho a hacerlo. La salvedad a eso sería, que esas obras se hayan realizado utilizando fondos públicos, un debate que lamentablemente este proyecto de ley tampoco resuelve ni toca.

Lo que sí hace la reforma, es despenalizar ambos casos y dejar en desprotección a la industria cultural, a los productores de programas de cómputo y a muchos otros creadores, sean éstos micro, pequeños, medianos, grandes y enormes. Tendemos a imaginarnos siempre a la malévola industria que nos llama ladrones antes de cada película en el cine o a cualquier intermediario que recibe la gran porción del pastel. Y aunque lamentablemente sí estoy defendiendo con mi oposición, los intereses de empresas que considero perversas en su modelo de negocio; no puedo dejar de hacerlo, porque estamos también desprotegiendo a esa pequeña y mediana empresa de profesionales de ingeniería, programación, diseño gráfico, producción audiovisual entre otros campos; y porque de paso, estamos promoviendo la mafia de la piratería que ya en otros países está ligada al narcotráfico y a las redes delictivas en general. Las películas de la Avenida Central no son hechas por un padre de familia sacando copias en su computadora Pentium II, sino por distribuidores masivos de contenidos que lucran con las creaciones de otros. Y claro, esos otros probablemente sean los abusivos estudios cinematográficos con sus precios elevados y sus políticas absurdas, pero un problema complejo no se resuelve con un parche y no puedo poner mis intereses individuales sobre los intereses de la colectividad.

¿Cuál sería mi propuesta?

1. Empezar a resolver el enorme desequilibrio existente respecto a la defensa de los intereses comerciales en materia de derecho de autor frente al derecho al acceso a la cultura y el conocimiento de la colectividad (ambos consagrados en la Declaración de los Derechos Humanos). Se debe  empezar por diferenciar al crimen organizado que lucra con las copias de películas, música y libros y que falsifica zapatos, champú y medicamentos; del adolescente que descarga una canción de forma no autorizada a través de la Internet o comparte un libro en PDF. En el primer caso sí corresponde al Estado perseguir eso como un delito. En el segundo caso no y debe tramitarse por la vía civil. Eso, mientras el movimiento de cultura libre, el acceso abierto y la realidad del formato digital, le abren los ojos a la industria cultural para que entienda que su modelo de negocios está obsoleto y que criminalizando a su público meta no va a sobrevivir.

2. Abrir el debate sobre el precio de los libros y la imposibilidad de conseguir material académico de calidad en este país. Si las editoriales y distribuidoras no quieren invertir en su negocio y pretenden mantener los precios prohibitivos, entonces debemos en conjunto pensar en una solución favorable al público.

3. Difundir que el derecho a fotocopiar para estudiar ya existe. Una reforma ideal a la ley, exigiría que las editoriales incluyan en su leyenda odiosa de “Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial…” alguna nota que indique que dependiendo del país donde esa obra se distribuye, existen excepciones al derecho de autor que anularían esa prohibición.

4. Las instituciones académicas deben asumir su papel. Les corresponde a estas resolver cómo proveer a los estudiantes de esos materiales en formato digital (por ejemplo), volver a dotar a las bibliotecas de las obras que necesitamos y tener dentro de su marco los centros de fotocopiado trabajando al costo o con ganancias que se destinen a fines que no sean el lucro.

5. Aprovechar la oportunidad para hacer una reforma real. Se debe mejorar la redacción de las excepciones que contempla la ley e incluir las que nos faltan y sí se contemplan en países de la Unión Europea. Un ejemplo de esas es la excepción para poder convertir a Braille las obras literarias. Otro tema por debatir es el acceso público que deberíamos tener ala investigación realizada con fondos públicos e incluso, a los desarrollos de software que las instituciones estatales compran con nuestros impuestos.

6. El Estado debe asumir su papel y realizar campañas informativas sobre estos temas. En la sociedad de la información y el conocimiento, la propiedad intelectual constituye como nunca antes, una herramienta que todos debemos saber manejar. Estas campañas deben incluir por supuesto, los modelos alternativos que proponen el conocimiento abierto y la cultura libre, de manera que las personas podamos elegir cómo queremos compartir nuestras creaciones, cuáles son nuestras obligaciones y cuáles son nuestros derechos.

En síntesis

En el campo de los derechos de autor todos tenemos distintos roles como autores, consumidores y distribuidores pero ahora mismo tal parece que únicamente somos víctimas de un sistema legal que protege los derechos “sagrados” de los intermediarios y desprotege el interés de las mayorías. Por eso mismo, los proyectos de ley deben pasar del populismo y el cortoplacismo, a resolver los problemas de fondo que nos aquejan. Y no, en este caso, no se trata de un avance hacia ese objetivo. La reforma para “fotocopiar para estudiar” constituye definitivamente un retroceso y desperdicia una oportunidad de oro para sentarnos a la mesa de negociación y exigir una reforma integral a la ley de derechos de autor (6683), a la ley de observancia (8039) y sus respectivos reglamentos en Costa Rica.

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Notas para lectorxs del blog:

En los comentarios encontrarán varias aclaraciones de lectores. Ojalá los lean.

* En una versión anterior yo decía que “todos tenemos una imprenta en casa”. Ahora suavicé esa afirmación. Esa frase la uso en realidad cuando hablo de cómo, por mucho tiempo, parecía una transacción razonable renunciar a algunos derechos y otorgárselos a un intermediario (por ejemplo, una imprenta) porque no teníamos los medios para acceder a ese conocimiento si ellos no imprimían los libros. Ahora esa relación de dependencia no existe en la mayoría de los casos. La frase sacada de contexto en efecto se interpreta como una postura elitista. No todos tenemos computadora en casa.

* Una versión anterior planteaba la ocurrencia de que las editoriales incluyeran la leyenda: “Esta prohibición es nula si se copia un fragmento de la obra bajo estas condiciones…”. Luego, mi amigo Gunnar Wolf me recordó que por ejemplo en México, esa excepción no existe. De ahí que editara ese párrafo.