Este post marca que se ha acabado el apagón de protesta por los distintos proyectos de ley que actualmente se están discutiendo en los Estados Unidos.

Estas leyes se conocen por sus siglas: SOPA (Stop Online Piracy Act) y PIPA (Protect IP Act) y tiene gemelas o familiares por todas partes. En México se discute la ley Döring y el Tratado ACTA (el cual podría incluir a nuestros países si se adhirieran). El ACTA (Acuerdo Comercial Anti-Falsificación) fue firmado en octubre de 2011 por los Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur y Corea del Sur. En negociación están: la Unión Europea, México, Suiza. El artículo 39 del ACTA especifica que el acuerdo está abierto para firma hasta el 31 de marzo de 2013.

SOPA y PIPA (ejemplos que sirven para entender también al ACTA) básicamente establecen que se perseguirá a sitios web que sean acusados de participar en infracciones al copyright. Estos sitios podrán ser bloqueados a partir de denuncias, sin que se realice un proceso. Esto incluye también a los sitios donde se expliquen formas de burlar los mecanismos de censura.

Se aplica a los sitios web dentro y fuera de los Estados Unidos y apunta a cualquier sitio donde el público pueda generar contenido (Facebook, Youtube, Blogger, Google+).

Existe también una parte de SOPA y PIPA muy preocupante: se le daría inmunidad amplia a todos los proveedores de servicios si bloquean a usuarios que sean inocentes o bloquean los sitios voluntariamente sin supervisión judicial alguna. La Electronic Frontier Foundation denuncia que Los intermediarios sólo tendrá que actuar “de buena fe” y basar su decisión “en la evidencia creíble” para recibir la inmunidad. Esto permitiría que la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos y la Asociación de Discográficas puedan crear listas negras de los sitios que quieren censurar.

Como indica la EFF, los contenidos que se encuentren bajo el “Uso justo” se verían afectados también. Las compañías pueden usar estos reclamos para tener ventaja sobre competencia emergente y hacer competencia desleal. El sitio bloqueado ahora lleva la carga de probar su inocencia o bien la mala fe de su acusador con el fin de ser desbloqueado.

Los sitios web extranjeros también se verían afectados. Las leyes establecen que sería posible pedir órdenes judiciales para bloquear financiamiento y anunciantes (como sucedió con Wikileaks) y se facultaría al Procurador General para eliminar sitios web de los motores de búsqueda, algo que criminaliza los enlaces y socava la estructura fundamental de la Internet, como manifestó el presidente de Google.

Con estas leyes se castiga a los “millones de usuarios inocentes que ni siquiera han pensado en la infracción de copyright”. El ejemplo que dio el cofundador de Reddit Alexis Ohanian, PIPA y SOPA son “el equivalente de estar enojado con FORD y tratar de tomar medidas contra la empresa solo porque un Mustang fue utilizado en un asalto a un banco” (Leer artículo completo en el sitio de EFF [en inlés])

El blackout

 

Muchas empresas o entidades relacionadas directamente con la tecnología se oponen a estas leyes. En el apagón del 18 de enero participaron o manifestaron su apoyo a la protesta principalmente Wikipedia, WordPress, Wired, Identi.ca, O’Reilly, Boing Boing, Reddit, GNU, FSF, Google, Flickr, Facebook, Twitter, CodePink entre otras.

En Twitter más de 2,4 millones de tweets fueron enviados entre las 12 am y las 4 pm usando las palabras: SOPA, Stop SOPA, PIPA, Tell Congress o el muy gracioso “factswithoutwikipedia”. No están contabilizados ahí muchos otros envíos que se etiquetaron como #sopablackout y otros más.

Del sitio de la EFF se envió más de un millón de peticiones. El formulario de Google fue enviado por 4,5 millones de personas. sopastrike reportó antes del anochecer que 10 mil sitios se habían adherido con ellos. Avaaz alcanzó 1,5 millones de personas hasta las 10 p.m. del horario de este blog. Wikipedia registró 160 millones de visitantes. 8 millones enviaron comunicaciones a sus representantes a través de la herramienta del sitio. Y lo más importante, al menos 13 senadores retiraron su apoyo a partir de estas protestas.

¿Cuáles son los problemas de estas leyes?

 

Lo que es común a todas las críticas se relaciona sobre todo con las pérdidas económicas que ocasionaría, pues por un lado implementar mecanismos de vigilancia como los que se exigen generaría costos muy elevados a los proveedores de servicios. Esto evidentemente desestimula los emprendimientos relacionados con la Internet (un sector en crecimiento, que brinda ya más empleos al año de lo que la industria discográfica o cinematográfica genera en los Estados Unidos).

Para el software libre, estas leyes significarían un bloqueo, porque muchas de las herramientas utilizadas serían declaradas como prohibidas (cosas como el SSH que utilizan profesionales de sistemas para administrarlos de forma ágil y segura). Además, obligaría a los proyectos de desarrollo (con alto porcentaje de personas voluntarias) a vigilar a sus colaboradores o a pedirles que vigilen (cosa que no harán porque les desvía de sus objetivos), como explica la EFF.

En cuanto a las pérdidas, en general las leyes pretenden romper con toda la estructura de funcionamiento de la Internet, al generar así un caos en la forma en la cual se asignan las direcciones IP y se ubican los contenidos. Incluso es probable que las medidas no se puedan implementar del todo, por la complejidad que se requiere administrar.

Pero el tema económico pasa a segundo plano cuando revisamos cuánto afectarían estas leyes la libertad de expresión, pues recordemos que basta con una sospecha para que los sitios puedan ser bloqueados sin un proceso. Eso quiere decir, que para evitar esas medidas, quienes brindan servicios de redes sociales en línea, blogs y cualquier plataforma de generación de contenidos por parte de personas usuarias, se verá en la obligación de revisar todos los materiales y comentarios antes de que sean publicados. Esto nos devolvería a la web 1.0 donde todos los contenidos eran editados, aprobados, filtrados por quienes fueran dueños de los medios de comunicación. La censura y los cercos mediáticos estarían a la orden del día.

Por otra parte, todas las aplicaciones que se han desarrollado para que las personas que viven baj regímenes opresores puedan investigar y denunciar violaciones a los derechos humanos quedarían inservibles. Como explica la EFF, estas se han desarrollado para casos como los de Irán y China pero ahora la legislación estadounidense sería peor que las de esos países.

¿Y las pérdidas económicas por las infracciones al copyright?

 

Actualmente la legislación DMCA (Digital Millenium Copyright Act) obliga al responsable del sitio web a monitorear y eliminar los contenidos cuando éstos sean infractores del copyright. Es lo que hace youtube constantemente. La diferencia es que se le brinda un tiempo prudencial para hacerlo y no se bloquea el acceso a su sitio. Eso funciona en la actualidad. Sin embargo, quieren más y necesitan ampliar su marco de acción hacia sitios fuera de los Estados Unidos.

Pero ¿realmente se está viendo afectada la industria de la música y la cinematográfica por las infracciones?

La industria de la música y del cine (principales impulsoras de estas leyes) argumentaron que hay 19 millones de trabajos en riesgo por causa de la piratería. Luego se supo que esa cifra incluyó a todo el sector tecnológico, que en su mayoría se opone a esa leyes.

Se sabe que la industria del cine empleó a 374,000 personas en el 2010 (tiempos completos y parciales en EEUU). La industria reporta perder 373,000 trabajos anuales cuando en realidad los estudios indican que han perdido solo 18 mil desde 1998. La comparación que se nos propone es con eBay, empresa que creó ella sola, 724 mil empleos en 2005.

La EFF reporta que la industria de música y cine contribuyen a la economía con las mismas cifras que antes de que compartir archivos fuera común (tanto en 2011 como en 1995 esa contribución fue de un 0.4% del PIB). Las empresas siguen ganando dinero y mucho.

Se habla de pérdidas anuales por $20,5 miles de millones. Julián Sánchez del CATO Institute realizó un estudio que determinó que usaron efectos multiplicadores para doblar o triplicar las pérdidas y además incorporaron las infracciones mundiales para argumentar en favor de una ley nacional. Las pérdidas -dice Sánchez- de $446 millones y al menos un 80% de eso proviene de personas que descargaron películas que no iban a comprar de todas maneras.

Sobre este punto es importante recalcar, que ese cálculo de las pérdidas es uno de los engaños más utilizados cuando se habla de infracciones al copyright de música, películas y software. El hecho de que alguien instale un sistema operativo privativo sin haber comprado la licencia, puede significar que esa persona estaba en la disposición de adquirir ese programa pero tal vez no estaba dentro de sus posibilidades. Es decir, no es una pérdida real porque ese bien no iba a ser adquirido. Lo mismo sucede con las películas: si están disponibles para verlas, no hay riesgo alguno de perder dinero si no resulta del agrado de quien la ve, pero si tuviera que pagar la entrada al cine, probablemente no la vería. De nuevo es dinero que de todas maneras no hubiera sido recibido por el titular del copyright.

Se aclara en el artículo de la EFF que las cifras son problemáticas porque la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA) se niega a liberar su información. Incluso la oficina de rendición de cuentas del gobierno estadounidense se vio obligado a emitir un informe diciendo que el gobierno no debe respaldarse en los estudios de la MPAA porque “no pueden ser justificadas o remontarse a un origen de datos subyacente o una metodología.” Según la EFF, a veces ellos admiten que sólo los inventan.

¿Pero entonces, de qué vivirán los artistas?

 

En otras entradas ya he hablado sobre este tema (ver la categoría “copyright”) y siempre aclaro que las alternativas son modelos que están en construcción. Hasta que los artistas no se convenzan de que el sistema de intermediarios actual no es de su conveniencia no vamos a lograr transformar por completo la industria de bienes culturales.

También insisto siempre en que oponerse a estas leyes y a las medidas que criminalizan el compartir contenidos con copyright restrictivo no implica apoyar la descarga ilegal y la abolición del marco legal de derechos de autor y copyright. Alguna gente defiende eso. Yo no. Yo creo que si se quiere cambiar una ley absurda, hay mecanismos para hacerlo y hasta que no se agoten no está justificado romper con toda legalidad. El peligro de leyes como SOPA, PIPA, ACTA, es que evidentemente agotan las vías y mecanismos obligándonos prácticamente a salir del marco establecido.

Y lo que señalo siempre es que hemos llegado a un nivel de absurdo difícil de sostener. Cuando vendedores de piñatas en México son encarcelados por vender una piñata de Mickey Mouse y no pagar derechos; cuando un adolescente británico puede ser extraditado a los EEUU por haber colocado en su blog enlaces que llevaban a contenidos para descarga no autorizada; cuando por subir una canción de Michael Jackson a Internet se iría más años a a cárcel que por haberlo asesinado, es evidente que algo anda muy mal.

Pero la salida no está en The Pirate Bay. La salida la estamos construyendo y la seguiremos construyendo si nos dejan continuar aprovechando la Internet para compartir las ideas y el conocimiento. Por eso es que no podemos permitir que las industrias que defienden sus intereses económicos por encima del bienestar de la sociedad y las creaciones colectivas de soluciones ganen una batalla más. Los hemos dejado ir demasiado lejos, pero este 18 de enero de 2012 les demostramos que somos muchos y estamos juntos en esta causa. Incluso, si en muchas otras no compartimos la trinchera.