Para mucha gente ha sido una sorpresa, mi negativa a apoyar la reforma a la Ley de Derechos de Autor que pretende otorgar a los estudiantes, el derecho a sacar fotocopias de materiales que necesitan para estudiar. ¿Cómo, una defensora del conocimiento abierto, puede oponerse a algo así? La respuesta simple es: porque ese derecho ya existe y constituye una de las excepciones al derecho de autor que nuestra ley contempla. La respuesta complicada es: porque el conocimiento abierto, el software libre y la cultura libre dependen de que se respeten los derechos de autor. También, porque esta reforma de visión cortoplacista desperdicia la oportunidad de enmendar a profundidad las leyes nacionales sobre estos temas.

Sobre la respuesta simple: aunque la redacción sea confusa y desactualizada, nuestra ley de derechos de autor contempla la reproducción con fines académicos sin fines de lucro como una excepción, lo cual quiere decir, que es permitida bajo ciertas condiciones: 1. Debe ser sin fines de lucro; 2. No debe dañar el normal comercio de la obra (es decir, no puede clonarse ni copiarse un libro completo porque eso afecta los intereses de la editorial y del autor de la obra); 3. Debe indicar los créditos y otros datos de la obra (¿Quién no ha recibido una antología mal hecha que imposibilita saber quién es el autor del  capítulo? ¿Eso beneficia al autor? ¿Le respeta?).

Entonces ¿Por qué tanto alboroto?

1. La culpa es de las editoriales

Las casas editoriales se han dedicado a desinformar a la población y a perseguir a los negocios de fotocopias. Esto ha generado el malentendido de que se persigue a los estudiantes y aunque el efecto práctico lo parezca, es diferente. Pero ojo, que esta desinformación no es solo responsabilidad de las editoriales. ¿Qué mejor campaña de desinformación que la que estamos viendo en los medios? ¿Qué mejor manera de hacerle el favor “a enemigo” que decirle a la gente que sin esta reforma no tienen derecho a fotocopiar?

2. La culpa es de las editoriales y de la complacencia del aparato estatal

El precio de los libros en Costa Rica es absurdamente alto y el libro es un artículo de lujo que pocos podemos pagar. ¿Se ha hecho algo para mejorar esta situación? Nada. ¿Ha obligado la reforma actual a las editoriales a sentarse a la mesa de negociación? No. ¿Dónde están las editoriales, causantes de todo este embrollo? Ni idea. Calladitas y felices con la campaña gratuita de desinformación.

La complacencia del aparato estatal no termina con el precio de los libros, también pasa por haber permitido la persecución a los fotocopiadores sin intervenir para aclarar los malentendidos.

3. La culpa es del sistema legal que no se adapta a las nuevas realidades

Hasta antes de la aparición de la fotocopiadora y posteriormente, del formato digital, todas las personas dependíamos de las editoriales, casas disqueras y distribuidoras de productos culturales. Actualmente, muchos de nosotros podemos tener una imprenta en casa (llámese procesador de textos + impresora) o de plano, ni la necesitamos (leer en la pantalla, compartir un PDF, MP3, etcétera). Es cierto que el acceso a un equipo de cómputo no es la norma pero es claro que la tendencia hacia el formato digital no se va a detener. El debate de fondo entonces es, cómo diferenciar qué constituye un delito penal y qué no.

El problema que “resuelve” la reforma actual: fotocopiar con fines académicos es legal, pero cobrar por las fotocopias no lo es

Al incluir una ganancia, la actividad con fines académicos por parte del estudiante (a quien nadie puede perseguir por ese hecho) convierte esa actividad en una con fines de lucro por parte de la empresa de copiado. Es decir, el tema aquí es ¿cuántos estudiantes tienen acceso a una fotocopiadora que no les cobre más que el costo? Ninguno. ¿Y entonces, cómo ejercemos nuestro derecho a fotocopiar con fines académicos si no tenemos el aparato? Ese es precisamente el punto que la reforma pretende resolver, de una forma que yo llamaría, desafortunada.

No se mata un elefante con un matamoscas

El debate sobre derechos de autor y el acceso al conocimiento y la cultura es muy complejo (el elefante) y va mucho más allá de otorgar un permiso a los negocios de fotocopiado (el matamoscas). ¿Por qué debemos reformar la ley de derechos de autor para otorgar un permiso especial a un tipo específico de negocio? Que me respondan los legisladores, que para eso les pagamos. ¿Qué se resuelve con eso? El ingreso mensual del negocio de fotocopias. Si se resuelve algo más, les agradezco que dejen la idea en los comentarios.

Tampoco se mata una mosca con un elefante

Al defender un extraño y cuestionable derecho a lucrar haciendo copias de materiales protegidos por el derecho de autor (la mosca), la solución que encontraron los legisladores (porque el voto fue unánime y entonces la culpa no es solo del diputado Villalta) fue eliminar las penas de cárcel para todas las infracciones al derecho de autor de obras literarias, artísticas y científicas. Entiéndase, no solo el libro de química general de un autor que ya está pensionado y tal vez estará feliz de que su libro se siga multiplicando; se  eliminan las penas de cárcel contra organizaciones, empresas, individuos que lucren con las obras del sector creativo del país. ¿Nos parece excesiva una pena de cárcel en ciertos casos? Es un tema importantísimo, pero no se resuelve con un parche.

Como promotora del conocimiento abierto y la cultura libre, abogo porque los creadores compartan sus obras y comprendan que el conocimiento que construyen se basa en el de muchas otras personas que estuvieron antes que ellos. Sin embargo, defiendo por completo el derecho que tienen para decidir cómo quieren distribuir su obra. Quienes programan software libre, decidieron compartir ese programa y es el sistema legal el que defiende sus intereses y los de la colectividad que se beneficia de su trabajo. Pero aquellos inventores, artistas, académicos que no quieren dar acceso abierto a sus obras, también tienen derecho a hacerlo. La salvedad a eso sería, que esas obras se hayan realizado utilizando fondos públicos, un debate que lamentablemente este proyecto de ley tampoco resuelve ni toca.

Lo que sí hace la reforma, es despenalizar ambos casos y dejar en desprotección a la industria cultural, a los productores de programas de cómputo y a muchos otros creadores, sean éstos micro, pequeños, medianos, grandes y enormes. Tendemos a imaginarnos siempre a la malévola industria que nos llama ladrones antes de cada película en el cine o a cualquier intermediario que recibe la gran porción del pastel. Y aunque lamentablemente sí estoy defendiendo con mi oposición, los intereses de empresas que considero perversas en su modelo de negocio; no puedo dejar de hacerlo, porque estamos también desprotegiendo a esa pequeña y mediana empresa de profesionales de ingeniería, programación, diseño gráfico, producción audiovisual entre otros campos; y porque de paso, estamos promoviendo la mafia de la piratería que ya en otros países está ligada al narcotráfico y a las redes delictivas en general. Las películas de la Avenida Central no son hechas por un padre de familia sacando copias en su computadora Pentium II, sino por distribuidores masivos de contenidos que lucran con las creaciones de otros. Y claro, esos otros probablemente sean los abusivos estudios cinematográficos con sus precios elevados y sus políticas absurdas, pero un problema complejo no se resuelve con un parche y no puedo poner mis intereses individuales sobre los intereses de la colectividad.

¿Cuál sería mi propuesta?

1. Empezar a resolver el enorme desequilibrio existente respecto a la defensa de los intereses comerciales en materia de derecho de autor frente al derecho al acceso a la cultura y el conocimiento de la colectividad (ambos consagrados en la Declaración de los Derechos Humanos). Se debe  empezar por diferenciar al crimen organizado que lucra con las copias de películas, música y libros y que falsifica zapatos, champú y medicamentos; del adolescente que descarga una canción de forma no autorizada a través de la Internet o comparte un libro en PDF. En el primer caso sí corresponde al Estado perseguir eso como un delito. En el segundo caso no y debe tramitarse por la vía civil. Eso, mientras el movimiento de cultura libre, el acceso abierto y la realidad del formato digital, le abren los ojos a la industria cultural para que entienda que su modelo de negocios está obsoleto y que criminalizando a su público meta no va a sobrevivir.

2. Abrir el debate sobre el precio de los libros y la imposibilidad de conseguir material académico de calidad en este país. Si las editoriales y distribuidoras no quieren invertir en su negocio y pretenden mantener los precios prohibitivos, entonces debemos en conjunto pensar en una solución favorable al público.

3. Difundir que el derecho a fotocopiar para estudiar ya existe. Una reforma ideal a la ley, exigiría que las editoriales incluyan en su leyenda odiosa de “Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial…” alguna nota que indique que dependiendo del país donde esa obra se distribuye, existen excepciones al derecho de autor que anularían esa prohibición.

4. Las instituciones académicas deben asumir su papel. Les corresponde a estas resolver cómo proveer a los estudiantes de esos materiales en formato digital (por ejemplo), volver a dotar a las bibliotecas de las obras que necesitamos y tener dentro de su marco los centros de fotocopiado trabajando al costo o con ganancias que se destinen a fines que no sean el lucro.

5. Aprovechar la oportunidad para hacer una reforma real. Se debe mejorar la redacción de las excepciones que contempla la ley e incluir las que nos faltan y sí se contemplan en países de la Unión Europea. Un ejemplo de esas es la excepción para poder convertir a Braille las obras literarias. Otro tema por debatir es el acceso público que deberíamos tener ala investigación realizada con fondos públicos e incluso, a los desarrollos de software que las instituciones estatales compran con nuestros impuestos.

6. El Estado debe asumir su papel y realizar campañas informativas sobre estos temas. En la sociedad de la información y el conocimiento, la propiedad intelectual constituye como nunca antes, una herramienta que todos debemos saber manejar. Estas campañas deben incluir por supuesto, los modelos alternativos que proponen el conocimiento abierto y la cultura libre, de manera que las personas podamos elegir cómo queremos compartir nuestras creaciones, cuáles son nuestras obligaciones y cuáles son nuestros derechos.

En síntesis

En el campo de los derechos de autor todos tenemos distintos roles como autores, consumidores y distribuidores pero ahora mismo tal parece que únicamente somos víctimas de un sistema legal que protege los derechos “sagrados” de los intermediarios y desprotege el interés de las mayorías. Por eso mismo, los proyectos de ley deben pasar del populismo y el cortoplacismo, a resolver los problemas de fondo que nos aquejan. Y no, en este caso, no se trata de un avance hacia ese objetivo. La reforma para “fotocopiar para estudiar” constituye definitivamente un retroceso y desperdicia una oportunidad de oro para sentarnos a la mesa de negociación y exigir una reforma integral a la ley de derechos de autor (6683), a la ley de observancia (8039) y sus respectivos reglamentos en Costa Rica.

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Notas para lectorxs del blog:

En los comentarios encontrarán varias aclaraciones de lectores. Ojalá los lean.

* En una versión anterior yo decía que “todos tenemos una imprenta en casa”. Ahora suavicé esa afirmación. Esa frase la uso en realidad cuando hablo de cómo, por mucho tiempo, parecía una transacción razonable renunciar a algunos derechos y otorgárselos a un intermediario (por ejemplo, una imprenta) porque no teníamos los medios para acceder a ese conocimiento si ellos no imprimían los libros. Ahora esa relación de dependencia no existe en la mayoría de los casos. La frase sacada de contexto en efecto se interpreta como una postura elitista. No todos tenemos computadora en casa.

* Una versión anterior planteaba la ocurrencia de que las editoriales incluyeran la leyenda: “Esta prohibición es nula si se copia un fragmento de la obra bajo estas condiciones…”. Luego, mi amigo Gunnar Wolf me recordó que por ejemplo en México, esa excepción no existe. De ahí que editara ese párrafo.