Gobierno Abierto: mi contribución para un mapa de ruta

Intento con este post, contribuir con el nuevo gobierno y su compromiso con la transparencia. Dado que este es un tema recurrente en los discursos del presidente Solís, de los diputados del PAC y de los ministros, me pareció importante compartir mis posiciones y recomendaciones. Soy consciente de que esta es una visión limitada, parcial y personal sobre el tema pero confío en que al menos, ayude a aclarar un poco el panorama antes de comenzar a trabajar en este eje.

En breve: ¿qué está pasando en el tema de Gobierno Abierto?

La Secretaría de Gobierno Digital ha tenido a cargo el proyecto de cumplir con los compromisos asumidos por Costa Rica al unirse a la Open Government Partnership. Existe ya un Plan de Acción en ejecución, el cual ha tenido un nivel de cumplimiento satisfactorio pero que lamentablemente, se centra principalmente en gobierno electrónico y apenas roza lo que realmente sería Gobierno Abierto. Esto ha sido señalado por distintas organizaciones no gubernamentales y por ciudadanía en general en los procesos de consulta abiertos para observaciones. Hasta el momento, no se ha notificado cuáles de esas observaciones se están tomando en cuenta. Además, como mencioné en una entrada anterior, la relación con la sociedad civil organizada en la Red Ciudadana por un Gobierno Abierto ha sufrido un claro deterioro y queda pendiente conocer si la nueva administración piensa retomar la Comisión Interinstitucional creada por Laura Chinchilla o si enmendará el error y dará marcha atrás al Decreto que la conforma.

Por otro lado, existe un Proyecto de Ley sobre acceso a la información pública. Más allá de sus carencias en cuanto a formatos establecidos, tiempos prudenciales de entrega, la inexistencia de condiciones especiales para información sobre medio ambiente y la poca claridad con respecto a la información de entidades privadas que manejan fondos y asuntos públicos; el más importante de los retos lo constituye el que en el país no existe una instancia encargada de dar seguimiento para que esta legislación se cumpla efectivamente. Estas y otras debilidades fueron planteadas ya por distintas organizaciones y por especialistas internacionales en un taller de trabajo realizado en el 2013, aunque la documentación de las mismas no se haya hecho pública.

La Defensoría de los Habitantes, en el marco de la Red Interinstitucional de Transparencia, tiene un pequeño proyecto sobre datos abiertos y acceso a información, coordinado desde la oficina de la Defensora. Si bien, los indicadores construidos son un buen comienzo, una vez más esa iniciativa depende de la voluntad de la Defensora y del compromiso de algunos funcionarios, sin que exista presupuesto ni apoyo suficiente para asegurar la continuidad. Por otro lado, a menos que esos indicadores se incluyan en la evaluación que el INCAE ha venido realizando año con año a los sitios web de instituciones y gobiernos locales, el tema de datos abiertos y acceso a información pública seguirá estando en un segundo plano.

La Contraloría General de la República ha hecho un importante esfuerzo para revelar a la ciudadanía, la información sobre presupuestos y gastos de las instituciones. Lamentablemente, no todas las instancias gubernamentales reportan a la CGR, de manera que sigue existiendo un reto importante. Por otro lado, como ya hemos recomendado, es importante que se abran espacios para que la ciudadanía haga uso de esa información y realice una contraloría ciudadana que ahorre a esta instancia algunos recursos para fiscalización y dé oportunidad de usar de manera activa, la información presentada en la plataforma de la CGR.

En cuanto a otros datos abiertos, existen algunos sitios web de gobiernos locales y otras organizaciones gubernamentales que cuentan con una plataforma para mostrarlos. Este esfuerzo sin embargo, en general ha pasado desapercibido para la ciudadanía y no ha tenido el impacto esperado. Una de las razones que en mi opinión podrían explicarlo, se relaciona con las categorías de información que las organizaciones han seleccionado para mostrar. Si los datos abiertos no son relevantes ni oportunos, no existirá interés suficiente para exigirlos ni hacer uso de ellos.

Desde otros espacios, organizaciones como la Red de Control Ciudadano ha venido realizando auditorías ciudadanas a servicios de salud. Esta y otras experiencias similares constituyen ejemplos que sería importante retomar, si realmente se quiere alcanzar mayor participación de toda la ciudadanía -conectada a Internet o no- en los procesos de consulta, mejora de servicios e identificación de prioridades.

¿Y por dónde empezar?

Gobierno Abierto es mucho más que gobierno digital o electrónico. El electrónico, se preocupa por aprovechar las TIC para brindar mejores servicios a la ciudadanía y vincularse más con ella, pero siempre desde una lógica de proveedor-cliente que coloca al “cliente” como ente pasivo más que un co-gestor. Ejemplos de esto son las contralorías de servicios que son apenas buzones de sugerencias sin respuesta ni seguimiento, notificaciones o información sin utilidad práctica, transacciones en línea para simplificación de trámites. Estos procesos pueden agotarse en ese nivel o impulsar avances hacia un gobierno abierto que no solo tenga la transparencia y rendición de cuentas como ejes transversales en todas las instituciones, sino que permita a la ciudadanía participar de manera activa. Esto permitiría romper con el esquema de ver a la ciudadanía como un ente pasivo que recibe información que no contribuye a la fiscalización y que no le permite exigir el seguimiento a las denuncias que podrían presentarse a partir de ella o realizar propuestas de mejora.

Desde esta perspectiva, es importante que se comprenda, que el eje de apertura TIENE que estar incorporado en la planificación de cualquier inciativa de tecnología que se implemente y que no puede separarse del reordenamiento que con carácter de urgencia, debe hacerse en el esquema gubernamental de gestión de tecnología. Por un lado, es necesario que el programa de Gobierno Abierto se coloque en un nivel alto de prioridad pero por otro, es indispensable que se asigne a las instancias correctas. Desde mi perspectiva, así como se requiere que el MICITT o alguna organización específica asuma la elaboración, impulso y seguimiento de la política nacional sobre gestión de tecnología en el sector público; corresponde a esta misma instancia, asumir el esfuerzo de Gobierno Abierto. La Secretaría de Gobierno Digital debería entonces ser incorporada dentro del esquema del Ministerio, o cambiar de nombre para que exista mayor claridad sobre su verdadero rol dentro del ICE y la venta de servicios al gobierno. Mención aparte merecería el caso de la plataforma Mer-Link pero eso excede los objetivos de este post. De igual manera, proyectos como el de simplificación de trámites, debería continuar ligado al MICITT en conjunto con el MEIC y no individualmente en este último como parece estarlo en la actualidad.

¿Puede el MICITT actual asumir estos retos? No. Este ministerio no tiene el músculo político ni el presupuesto que lo permita y eso debe cambiar, si realmente queremos que la ciencia, tecnología e innovación se fortalezcan en el país. Si hablamos específicamente de Gobierno Abierto, convendría explorar si es posible que cada una de las instituciones incorpore este eje dentro de su presupuesto de manera obligatoria, con el fin de que el proceso cuente con recursos de los cuales, pueda disponer el MICITT o la instancia que asuma este eje. El uso de estos recursos tendría que estar alineado dentro de un plan integral que evite iniciativas desarticuladas que pese a sus buenas intenciones, constituyen un mal aprovechamiento de los recursos y aumentan las dificultades que ya tenemos en términos de interoperabilidad entre sistemas. En este sentido, un buen punto de partida sería trabajar conjuntamente con MIDEPLAN y su programa de Contralorías de Servicio. El personal a cargo -a pesar de las limitaciones de recursos- muestra enorme interés en fortalecer estas instancias y en articular esfuerzos para su mejoramiento.

Por otra parte, Gobierno Abierto es mucho más que el componente tecnológico. No solo se debe contemplar que sigue existiendo una brecha digital importante en el país, sino que la participación ciudadana en línea no necesariamente es el mecanismo idóneo para ampliar los niveles de involucramiento popular en la toma de decisiones. Otro elemento fundamental es la resistencia -muchas veces justificada- que existe entre los funcionarios y funcionarias en algunas organizaciones de gobierno, ya que no existe claridad sobre la importancia, los riesgos y los procedimientos apropiados para ejercer la transparencia. Además, sin un adecuado proceso de capacitación en distintas herramientas para analizar y compartir la información con la ciudadanía, lo máximo que lograremos es disponer de datos en formatos no estándares y poco amigables que entorpezcan su análisis o contar con información poco atractiva o de difícil comprensión.

Me permito como cierre, hacer una recomendación más: pedir a los funcionarios y funcionarias una apertura automática en estas circunstancias, no solo es poco realista; es generar mayores resistencias y complicar de más, un proceso que de por sí no será sencillo. Por supuesto que es posible tomar medidas inmediatas y nos corresponde a todos asumir nuestro rol, pero hagámoslo cuidando tanto la forma como el fondo.

Gobierno oscuro y puertas cerradas

En junio de 2004, BBC Mundo publicó una nota sobre palabras difíciles de traducir. La ganadora -según los especialistas- fue “ilunga, en idioma Tshiluba de la República Democrática del Congo:

“”Ilunga” significa “una persona que está dispuesta a perdonar cualquier abuso la primera vez, a tolerarlo la segunda, pero nunca la tercera”".

Hoy, me he decidido no aceptar la tercera y escribir un post que tal vez debí escribir desde hace más o menos un mes.

En el año 2013, a partir de algunos tweets que publiqué sobre el tema de gobierno abierto en Costa Rica, tuve la oportunidad de conversar con Maikol Porras del proyecto de Gobierno Abierto, que en la administración que termina, fue impulsado por la Secretaría de Gobierno Digital. De ese encuentro surgieron algunas recomendaciones sobre cómo hacer partícipes a organizaciones “no encorbatadas”, algo que hizo posible que más adelante se conformara la Red Ciudadana por un Gobierno Abierto.

La conformación de la RedC, no tuvo como fin validar el Plan Nacional elaborado por la Secretaría y de hecho, nunca lo hizo. Sin embargo, pese a que las observaciones y correcciones que hicimos a ese documento nunca fueron atendidas, varias organizaciones y personas mantuvimos un trabajo conjunto con Maikol y con Alicia Avendaño, partiendo de que perseguíamos un objetivo común: impulsar mayor transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en el gobierno. Durante más de ocho meses, los tres representantes elegidos por las organizaciones integrantes de la RedC, asistimos a distintas reuniones y actividades. Nosotros, junto con otras personas integrantes, donamos nuestro tiempo, trabajo y conocimiento, a un proyecto de cooperación sociedad civil-gobierno que creíamos, llegaría a rendir frutos. El compromiso por parte del gobierno, era conformar una comisión interinstitucional en la cual, la sociedad civil agrupada en nuestra Red, estaría representada con tres espacios ocupados por quienes ya habíamos sido elegidos. Así se dijo y así se formalizó en dos borradores de Decreto Presidencial revisados conjuntamente con los demás integrantes de la Comisión, la cual funcionó de manera no oficial durante algunos meses mientras esperábamos que la Presidenta Chinchilla firmara el documento.

Este Decreto finalmente fue firmado por la Presidenta el 18 de marzo; pero para sorpresa nuestra, lo firmado no correspondía a lo que habíamos acordado. El día anterior, después de las 7 de la noche, dos de los representantes de la RedC ante la Comisión, recibieron invitación para asistir al acto de firma. Yo no recibí invitación. Las dos personas que asistieron, nos informaron luego del acto, cómo se habían cambiado los representantes de sociedad civil, algo que pudimos confirmar días después al leer el Decreto. Se irrespetaba así todo el proceso y se hacía claro que una vez más, se había utilizado a la sociedad civil para legitimar proyectos de gobierno que se quedaron en el mero discurso.

¿Por qué no denunciamos esto en su momento? La RedC redactó un comunicado que no salió a la luz pública. Y no salió, porque en primer lugar, no tenía sentido alguno pedir respeto a un gobierno que ya había pisoteado los principios que decía defender: participación, transparencia y respeto a la ciudadanía. Pero por otro lado, en lo personal, no creo en empezar luchas que solo durarán una batalla. El camino de la RedC no ha rendido los frutos que desde mi experiencia, requiero para asumir un compromiso que no se convierta en remar sin rumbo definido. Admito que también pesó, el escaso apoyo al tema de Gobierno Abierto que recibimos por parte de la ciudadanía activista en redes sociales. Evidentemente es un asunto de doble vía, pero si quienes cuentan con la educación, la tecnología y el acceso para comprender la importancia de este tema no hacen un retweet o dan un like, ¿qué tan lejos estamos de alcanzar a los grupos que no cuentan con ese acceso? La cuesta está demasiado empinada y lamentablemente, ya no tengo veinte años.

¿Por qué estoy contando esto ahora? El 4 de abril llegó a mi correo una invitación formal del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la lnformación y Opinión Pública (PROLEDI) “en coordinación con el Programa Sociedad de la lnformación y el Conocimiento (PROSIC) -ambos de la Universidad de Costa Rica- y el Colegio de Periodistas (COLPER)” para participar como panelista en el foro: “Derecho a la Comunicación y Nuevas Tecnologías”, específicamente en la mesa sobre “Gobierno Abierto: Políticas Públicas y Participación Ciudadana”. Sabiendo que podría haber complicaciones con la Secretaría de Gobierno Digital (organización participante de la misma mesa), conversé por teléfono con una de las organizadoras para manifestarle que habría alguna polémica, pues la relación con esta instancia y con el gobierno en general, se había roto. Se me informó que no habría problema y que el espacio estaría abierto para que expusiéramos lo sucedido.

Hace unos días, se me contactó para pedirme mi perfil profesional y solicitarme detalles sobre mi presentación. Todo parecía seguir el rumbo normal hasta que el viernes pasado, por medio de una llamada telefónica, se me informó que era posible que se cancelara el evento “porque no había personas inscritas para asistir”. Manifesté entonces que había aún cuatro días para hacer una adecuada divulgación de la actividad y que esto jamás me había sucedido en ninguna conferencia en la que participara. Por la tarde, recibí otra llamada indicando que la mesa se había cancelado y que no tenían razones para explicarlo porque quien me llamaba era la secretaria.

Por eso, me decidí a escribir esta entrada, porque se trata nada más y nada menos, que del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la lnformación y Opinión Pública (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica y porque no es irrelevante que se cierre un espacio de discusión sobre Gobierno Abierto, precisamente cuando aún estamos a tiempo de que el nuevo gobierno enmiende y aprenda de los errores del pasado.

¿No tenía más sentido mejorar la convocatoria, invitando incluso a las nuevas autoridades gubernamentales? ¿No había aún tiempo suficiente para difundir el evento en lugar de cancelarlo? ¿Es que acaso existieron otras razones? ¿Ha sucedido antes que se cancele una actividad ya confirmada y divulgada por distintos medios informativos?

Ilunga. Tal vez el PROLEDI esté recibiendo parte de la indignación que corresponde dirigir hacia doña Alicia Avendaño de la Secretaría de Gobierno Digital y a doña Laura Chinchilla, pero tendrán que admitir que es por lo menos desafortunado, que una vez más se irrespeten los espacios de expresión y participación de la sociedad civil mientras las bocas se siguen llenando de palabras vacías.

En un siguiente post que estoy elaborando, expondré los ejes temáticos que pensaba compartir en el foro del martes. Espero que se tomen en cuenta al valorar cómo proseguir con el compromiso del país con la OGV y cuáles son los retos que tenemos, si realmente queremos avanzar hacia un verdadero Gobierno Abierto.

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Este correo llegó a mi buzón a las 18:19 del viernes:

“Buenas noches,

Aclaramos que la Mesa sobre Gobierno Abierto del Foro Derecho a la comunicación y nuevas tecnologías se  pospuso para re programarla como una actividad  única para el mes de junio y garantizar mayor asistencia de público.

Esperamos contar con su presencia en esta oportunidad. Estamos buscando Auditorio para programarla.

Saludos,
Giselle Boza Solano”

Yo sigo buscando la disculpa y una explicación convincente. Me avisan ustedes si la encuentran.

Experto en encuestas: Decisión de La Nación de cancelar encuesta suena ilógica

Este artículo se publicó originalmente en inglés en The Tico Times. Por favor, si usted lee en inglés, lea el original y comparta ambas fuentes para no restarle tráfico ni difusión a la fuente original.

Traducción del artículo: “Polling expert: La Nación’s decision to cancel poll sounds illogical”, por COREY KANE, The Tico Times

Sam Wang, experto estadounidense en encuestas, señaló que le fue extraño escuchar que un importante periódico en Costa Rica desarrolló una encuesta y no publicó sus resultados, debido a su cercanía con el día de elecciones. Manifestó que las encuestas que se hacen más cerca de la elección son con frecuencia las más certeras y útiles.

Wang -quien lidera el Princeton Election Consortium- tiene una elevada reputación como analista de encuestas. En el 2012, Wang predijo de manera exacta los resultados en todos los 50 estados de los Estados Unidos y de 10 competitivas contiendas para el Senado. Su experiencia en predicciones con base en encuestas se remonta a los inicios de los años 2000.

Sus comentarios se refieren a la decisión de La Nación, de cancelar su encuesta presidencial final, elaborada por la empresa encuestadora UNIMER.

El periódico ha expresado apoyo por la metodología de UNIMER (aunque la empresa ha tenido algunos grandes tropiezos en el pasado). Sin embargo, la directora Yanancy Noguera indicó que la decisión se tomó porque aparecían demasiados votantes indecisos y la encuesta no reflejaría de manera certera lo que pasaría en las urnas.

The Tico Times contactó a Wang, y le explicó la controversia actual. Vía correo electrónico, Wang respondió:

Mi larga experiencia me dice que las encuestas de opinión reflejan de manera más exacta el resultado eventual de una elección, si se realizan dentro de los siete días anteriores a la misma. Es extraño escuchar de una encuesta realizada que luego no se publique. Esta es la encuesta que es más útil de todas.

Wang explicó que las encuestas son claves para analizar qué está pasando en una elección. A él le parece que ignorar una encuesta es como “no mirar el termómetro cuando uno se siente frío [o resfriado]“.

Supresión de encuestas en los Estados Unidos

El incidente trae a la memoria una controversia reciente en los Estados Unidos, cuando la empresa encuestadora de izquierda Public Policy Polling (PPP) decidió no ejecutar una encuesta que mostraba a los Demócratas perdiendo dos estados en las elecciones de 2013.

PPP no reveló – hasta después de la elección- que había suprimido la encuesta, una vez que los Demócratas habían perdido, lo cual probaba que la encuesta era correcta. La empresa indicó que decidió no liberar la encuesta porque pensaron que no era certera, razones similares a las que dio La Nación en el editorial del jueves.

Analistas políticos se lanzaron sobre PPP por suprimir la encuesta. Entre ellos, el experto estadístico Nate Silver, quien llamó esa jugada como “una práctica muy mala y no científica” y acusó a PPP de no publicar la encuesta porque no le gustaban los resultados. Durante un acalorado intercambio con la empresa encuestadora, Silver escribió: “nosotros publicamos TODOS los resultados“.

Agregó que si se tienen dudas, “se expresan las reservas en la reseña de la encuesta. No se suprimen los datos“.

El consejo sería apropiado para La Nación el día de hoy.